El país atraviesa una crisis sin precedentes donde la ambición personal de un solo individuo está poniendo en jaque la estabilidad económica y la seguridad alimentaria de toda una nación.
Los más de 1.700 millones de dólares en pérdidas que acumula el sector productivo luego de 18 días de bloqueos no son solo números en un balance: representan el sustento de miles de familias y el futuro de la producción alimentaria boliviana.
La realidad es tan absurda como alarmante: un expresidente que enfrenta graves acusaciones de estupro y trata de personas pretende eludir la justicia paralizando el país.
El chantaje es tan burdo como destructivo: o se garantiza su impunidad y su candidatura para 2025, o el país entero debe sufrir las consecuencias.
Los 1.700 millones de dólares en pérdidas que reporta el sector productivo no son una estadística fría. Representan el trabajo de avicultores, soyeros, cañeros, bananeros, piñeros y productores de hortalizas que ven cómo sus productos se pierden mientras los caminos permanecen bloqueados.
Y muchos productores podrían quedarse sin capital para continuar sus actividades, lo cual crea un efecto dominó que afectará la producción futura.
La paradoja es cruel: Bolivia tiene suficiente producción de alimentos, pero los bloqueos impiden su distribución normal. Los productos que logran llegar a su destino lo hacen a costos duplicados, luego de recorrer rutas alternativas que multiplican tiempo y gastos.
El puente aéreo establecido entre Santa Cruz y La Paz, aunque necesario, es un paliativo costoso que evidencia la gravedad de la situación.
Es encomiable que el Gobierno nacional mantenga su apoyo al sector productivo, facilitando insumos, combustible y permisos de importación para semillas de soya.
Pero estas medidas de emergencia no pueden ser la nueva normalidad. El país no puede someterse al chantaje de quien pretende estar por encima de la ley.
Los bloqueos "por la impunidad", como acertadamente los ha denominado el Gobierno, representan un ataque directo no solo a la justicia, sino también a la seguridad alimentaria del país. Cada día de bloqueo es un día más de pérdidas para los productores, de encarecimiento para los consumidores y de deterioro para el tejido productivo nacional.
La gravedad de la situación trasciende lo económico. Estamos ante un intento de paralizar el país para evitar que la justicia investigue delitos tan graves como el estupro y la trata de personas. ¿Qué mensaje enviamos a la sociedad si permitimos que la fuerza y el chantaje se impongan sobre la ley?
El sector agropecuario boliviano, pilar fundamental de nuestra seguridad alimentaria, no puede ser rehén de ambiciones personales.
Los productores que garantizan el alimento en nuestras mesas merecen respeto y condiciones para trabajar, no verse atrapados en una pugna política que nada tiene que ver con sus legítimas actividades.
La sociedad boliviana en su conjunto ha dicho basta. La impunidad no puede comprarse al precio de la paralización nacional. Los millones de dólares en pérdidas son mil millones de razones para rechazar este chantaje y exigir que la justicia actúe sin presiones ni condicionamientos.
El futuro de nuestra producción alimentaria y la estabilidad económica del país no pueden ser moneda de cambio para satisfacer la sed de impunidad de nadie, por muy poderoso que haya sido en el pasado.
