Una vez más, Evo Morales deja en claro que sus ambiciones personales de poder están por encima del bienestar del país y la institucionalidad democrática.
El fallido "congreso" de Villa Tunari, que terminó convirtiéndose en un simple acto de proclamación unilateral de su candidatura inhabilitada, representa un desafío inaceptable al Estado de derecho y una amenaza a la estabilidad que tanto esfuerzo ha costado construir.
Al rechazar el fallo del Tribunal Constitucional que le prohíbe su reelección indefinida y arrogarse el derecho a forzar su candidatura en 2025, el expresidente ha optado por el camino de la confrontación y la división.
Una ruta que, lamentablemente, parece dispuesto a transitar hasta las últimas consecuencias, según las advertencias de "medidas drásticas y radicales", como marchas, huelgas y bloqueos, que han salido de su entorno.
Esta estrategia irresponsable de orillarnos a una convulsión social con tal de satisfacer sus intereses personalistas es simplemente inaceptable. Bolivia no puede permitirse ser rehén de los caprichos de un líder que ha demostrado no tener reparos en sacrificar la gobernabilidad y la paz social con tal de mantenerse en el poder.
Los bolivianos estamos hartos de los constantes ciclos de inestabilidad política que han frenado nuestro desarrollo durante demasiado tiempo.
Después de la penosa experiencia del gobierno de facto que nos sumió en el caos institucional, la ciudadanía apostó por un cambio hacia la normalidad democrática al elegir al presidente Luis Arce en 2020. Un mandato que ahora se ve amenazado por las maniobras desestabilizadoras del entorno evista.
¿Acaso Morales no comprende el daño que causaría al país si lograra su cometido de acortar el periodo presidencial? La ingobernabilidad, la parálisis económica y la desconfianza de los mercados e inversionistas serían solo el principio de un largo vía crucis que nos haría retroceder años en nuestros esfuerzos por alcanzar el tan ansiado desarrollo.
En un momento en que la economía nacional está dando muestras alentadoras de recuperación después de la pandemia, cualquier alteración del orden constitucional representaría un duro revés. Las señales de inestabilidad política ahuyentan los capitales y desincentivan las inversiones que tanto necesitamos para generar empleos y hacer realidad el sueño del bienestar para todos los bolivianos.
Es hora de que los ciudadanos, más allá de filias partidistas, se planten firmes en defensa de la democracia y el Estado de derecho. No podemos permitir que los caprichos de un grupúsculo nos arrastren nuevamente al abismo del caos y la ingobernabilidad. Bolivia merece paz, estabilidad y progreso, no más confrontaciones estériles que solo benefician a unos pocos a costa del sufrimiento de las mayorías.
Los bolivianos hemos demostrado una y otra vez nuestra madurez cívica para superar las diferencias y apostar por la vía democrática como el camino idóneo para resolver nuestras diferencias.
Evo Morales y su entorno harían bien en escuchar el clamor ciudadano y deponer sus arremetidas desestabilizadoras. De lo contrario, serán los propios bolivianos quienes, ejerciendo su soberanía popular, los pongan en su lugar y defiendan la senda del desarrollo y el progreso que nos merecemos.
