La libertad de expresión es un derecho que está consagrado en la Constitución Política del Estado y ésta no está, bajo ningún criterio, en riesgo. Es así que el Gobierno nacional aclaró enfáticamente que no se emitirá ninguna normativa que vulnere la Ley de Imprenta, la libertad de expresión o el derecho a la información.
Este derecho está estrechamente ligado con la democracia, que también está garantizada en el país y se constituye en un tesoro invaluable que tuvo que ser recuperado en 2020 a través de una de sus máximas expresiones, como es el voto ciudadano, que depositó su confianza en Luis Arce para encaminar la reconstrucción del Estado.
Hoy nuevamente se emprendió desde sectores de derecha una campaña de desinformación y tergiversación respecto al proyecto de Ley 305, aludiendo que afectaría a la libertad de expresión en el país. Al respecto, desde el Ejecutivo se explicó que no existe ninguna normativa, artículo ni absolutamente nada que pueda ir en contra de la Ley de Imprenta, y se expresó la total predisposición para socializar la normativa con el fin de disipar cualquier duda que pudiera haber al respecto. En ese marco, se anunció que se convocará a los gremios de la prensa de todo el país para abordar con toda la amplitud el mencionado proyecto de ley.
Actualmente el ejercicio periodístico se desarrolla en una amplia libertad de prensa que no cambiará en el territorio nacional, a diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno de facto de Jeanine Añez.
Recordemos que el Decreto Supremo Nº 4231, del 7 de mayo de 2020, en su disposición adicional única señalaba: “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”. Esto fue criticado por organizaciones nacionales e internacionales que cuestionaron sus alcances por considerar que afectaba al derecho a la libertad de expresión consagrada en la Constitución Política del Estado, por lo que el régimen tuvo que dar un paso atrás.
Asimismo, tuvieron que abrogar los parágrafos II del artículo 13 del Decreto 4200 y del artículo 7 del Decreto 4199, que hacían referencia a persecución penal para quienes “desinformen” en tiempo de cuarentena por el Covid-19. “Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”, señalaba.
Estos sí se constituían en atentados contra la libertad de expresión y de prensa, algo muy distinto a lo que se vive hoy el país. No olvidemos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estuvo visitando Bolivia en semanas pasadas, justamente para verificar la situación de los derechos humanos, en su informe preliminar señaló que “durante la visita se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa”.
En concordancia, el mandato del presidente Luis Arce es garantizar en absoluto la libertad de expresión en el país, por lo que solo queda esperar que los profesionales del gremio acudan a la convocatoria de socialización de la norma que lanzó el Gobierno para que tengan certeza de todo lo refiere el proyecto de ley y se deje de promover esa campaña de desinformación que solo hace daño a la población boliviana.
