Entre finales de 2019 y 2020, la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), un megaproyecto cien por ciento petroquímico inaugurado en 2017, el cual permitió a Bolivia ingresar a la era de la industrialización del gas natural, fue paralizada por el gobierno de facto de Jeanine Añez, ocasionando pérdidas que superan los $us 400 millones.
La Planta de Amoniaco y Urea se encuentra ubicada en la localidad de Bulo Bulo, del municipio de Entre Ríos, en el departamento de Cochabamba. Desde allí abastecía de urea a los nueve departamentos del territorio nacional, así como al mercado externo. Sin embargo, con la llegada del gobierno de facto al poder, el entonces ministro de Hidrocarburos del régimen, Víctor Hugo Zamora, atribuyendo problemas de ubicación y funcionamiento, determinó la paralización de operaciones de la factoría y su posible traslado a otra región, decisión basada en argumentos que carecían de cualquier estudio técnico o financiero.
Esta determinación arbitraria y carente de fundamento provocó pérdidas económicas para el Estado debido a la falta de producción y comercialización del fertilizante; pero también por los daños que sufrieron equipos de alto valor, como turbinas y calderos.
Ante esta situación, la actual administración del presidente Luis Arce, luego de haber logrado la victoria en las urnas, trazó un plan para volver a activar esta megaobra. Como resultado, en septiembre de 2021 la PAU volvió a funcionar para operar al 100 por ciento de su capacidad, lo que le permitió marcar un récord de ventas en 2022, con $us 230 millones.
Pero, evidentemente, el daño que le fue causado a la planta en su momento no puede quedar en la impunidad, por lo que se asumieron acciones contra los autores, que están sustentadas en pruebas documentales, testificales, periciales y de inspección, entre otros elementos probatorios.
En el marco de la búsqueda de justicia por estas afectaciones, hoy, en Ivirgarzama, se inicia el juicio contra Zamora y otros cinco exaltos cargos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). De ellos, dos se declararon en rebeldía, por lo que la audiencia se llevará a cabo sin su presencia.
Se espera que este juicio siente precedente contra quienes atentaron contra los recursos del Estado muy ligeros de palabra, atribuyéndose decisiones basadas en ningún sustento técnico, y que de esta manera quede instaurado que no se puede jugar con el patrimonio de la población y poner en riesgo obras de gran envergadura por simples caprichos y vendettas políticas.
