En octubre y noviembre de 2022, la ciudad de Santa Cruz de la Sierra se sumió en un caos que marcó un sombrío capítulo en su historia. El paro cívico de 36 días, encabezado por radicales cívicos y políticos, dejó una cicatriz profunda en la sociedad boliviana.
Las imputaciones presentadas por la Fiscalía contra los promotores de la medida, que incluyen acusaciones de "terrorismo, resoluciones contrarias a la Constitución, racismo, discriminación, atentados contra la libertad de trabajo y asociación delictuosa", ponen de manifiesto la gravedad de los eventos que se desarrollaron durante ese periodo turbulento.
El paro, que inicialmente buscaba presionar para un censo en 2023, se convirtió en un episodio de violencia incontrolable.
Grupos radicales afines a los cívicos protagonizaron actos de extorsión, bloquearon carreteras y atacaron a personas que simplemente intentaban seguir con sus vidas diarias. La negación de atención médica a pacientes con cáncer, el bloqueo de ambulancias, la confrontación con la fuerza pública y los daños económicos colosales no pueden ser pasados por alto.
El paro no solo afectó la estabilidad y la seguridad de Santa Cruz, sino que también repercutió en la economía departamental causando pérdidas por más de $us 1.200 millones en el ámbito privado empresarial y alrededor de Bs 300 millones en el sector estatal.
Fueron semanas de caos, angustia y miedo que dejaron heridas profundas en una sociedad que anhela la paz y el respeto por el Estado de derecho.
La violencia y la confrontación solo generan sufrimiento y destrucción. Santa Cruz necesita líderes que busquen para sus demandas soluciones pacíficas y justas a través del diálogo y el respeto mutuos.
La ampliación de las imputaciones debe ser manejada con extrema cautela, garantizando que se haga justicia sin importar el estatus o la influencia de los acusados.
Llevar a la justicia a los responsables del paro de 36 días es un recordatorio de que ningún individuo, sin importar cuán poderoso sea, está por encima de la ley. Pero, a la par, se debe preservar el debido proceso y la presunción de inocencia hasta que se pruebe lo contrario.
Este oscuro capítulo de la historia de Santa Cruz debe ser un llamado a la responsabilidad, la justicia y la reconciliación.
