A tiempo de iniciar el pago del Bono Juancito Pinto, gestión 2025, el presidente Luis Arce recalcó en su discurso en la capital del Estado: “Este es un bono que ha sido generado como resultado de nuestro modelo económico social comunitario productivo, un modelo que ha mostrado que, creando empresas públicas, generamos excedentes económicos que son redistribuidos en la población”.
Esa es la clave para analizar la funcionalidad y valía de este y los otros bonos, subsidios y beneficios implementados en los últimos años: la redistribución, la certeza de que todo ingreso y excedente manejado por el Estado llegará a diferentes grupos etarios y estratos sociales.
Como suele ocurrir cada octubre, este lunes 13 se inició el pago de este beneficio de Bs 200 a los estudiantes de escuelas y colegios. Datos del Ministerio de Educación revelan que este año se llegará con este estímulo a 2.324.000 estudiantes, para lo cual se tiene garantizado un presupuesto de Bs 474,3 millones. Hasta el 29 de noviembre se espera cubrir todo este espectro de destinatarios y así consolidar, poco a poco, el gran objetivo que es reducir la deserción escolar, política que tiene un sólido sustento estadístico: en las casi dos décadas de vigencia de este programa, la tasa de abandono de unidades educativas se redujo de 1,16 % a 0,65 % a nivel nacional.
La política redistributiva del Gobierno se sustenta en Ley de Presupuesto General del Estado (PGE, 2025) que, entre muchas otras medidas, garantiza los fondos para mantener los cinco bonos sociales: la norma incluye Bs 6.552 millones para redistribuirlos entre más de cuatro millones de bolivianos, de la siguiente manera: Renta Dignidad: Bs 5.529 millones para 1,3 millones de adultos mayores; Bono Juancito Pinto: Bs 474,3 millones para más de 2,3 millones de estudiantes; Bono Juana Azurduy: Bs 187 millones para 242.000 madres y Subsidio Universal Prenatal: Bs 163 millones para 104.000 madres, niñas y niños. A ello se debe sumar el Bono para Personas con Discapacidad: Bs 195 millones para 65.000 beneficiarios.
La gestión del presidente Luis Arce tuvo desde sus inicios, como máxima prioridad, que todas las instancias del Estado asuman y cumplan un compromiso con el bienestar de los bolivianos y la justicia social. La inversión en estos programas o bonos sociales no solo asegura recursos económicos para quienes más lo necesitan, sino que también fortalece la cohesión social y el acceso a derechos fundamentales. Pero, además, los bonos cumplen una importante función central del modelo económico social comunitario productivo: hacer circular dinero en diferentes esferas de la sociedad, reactivar la oferta y demanda de bienes y servicios; a lo que se debe sumar la incidencia en un objetivo macro: reducir la brecha entre ricos y pobres —entre salarios bajos y altos—, y promover a la vez la equidad de oportunidades e ingresos; todas estas metas centrales del horizonte financiero del proceso de cambio.
