La titulación de la tierra es un compromiso de Estado y tiene sus antecedentes en la Reforma Agraria de 1953, cuando se eliminó el latifundio (gran concentración de tierras) y se empezó la dotación de tierra a los campesinos, pero la titulación y efectivización del derecho propietario aún está pendiente de conclusión.
Después de la Revolución de 1952, en la que participaron activamente los campesinos, el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) promulgó el 2 de agosto de 1953 la Ley de Reforma Agraria, pero fue la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de 1996 la que impulsó el saneamiento y titulación.
El artículo 65 de la ley establece un plazo máximo de 10 años para ejecutar y concluir el saneamiento de la propiedad agraria, que es el procedimiento técnico-jurídico destinado a regularizar y perfeccionar el derecho de propiedad agraria, y se lo realiza de oficio o a pedido de parte.
La propiedad agraria es clasificada en solar campesino, pequeña propiedad, mediana propiedad, empresa agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades Comunarias (TCO).
El plazo inicial fue modificado y ampliado en varias oportunidades, y a 29 años de la Ley INRA aún no concluye este trabajo de alta importancia económica y social, para quienes desarrollan actividades agropecuarias en Bolivia.
Sin duda se avanzó de forma considerable, pero resta un porcentaje para acabar con el 100% de la tierra saneada y titulada. Entre 1996 y 2024 se titularon cerca de 95,8 millones de hectáreas, equivalentes al 93% del territorio sujeto a saneamiento, mientras que aún restan millones de hectáreas por regularizar.
En lo que va de este año se avanzó un punto más y se llegó al 94%, sin embargo, el 6% restante tropieza con la falta de recursos económicos. Los legisladores de Evo Morales y de las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos evitaron en 2024 se apruebe en la Asamblea Legislativa Plurinacional un crédito de $us 40 millones para concluir con este desafío Estatal, afectando a comunidades y productores que buscan formalizar su situación legal.
No solo se buscaba concluir el saneamiento en todo el territorio nacional, sino también implementar un catastro rural descentralizado en los nueve departamentos, resolver conflictos agrarios, fortalecer la gestión territorial y contribuir al desarrollo rural sostenible.
Según datos de 2023, de la totalidad de predios titulados, el 18% corresponde a tierra comunitaria, el 29% a tierras fiscales, el 10% a pequeña propiedad/ solar campesino, el 10% a empresarial, el 6% a mediana propiedad, y el 27% a las Tierras Comunitarias de Origen (TCO)/Territorios Indígena Originario Campesinos.
La distribución de la tierra muestra un predominio de las propiedades colectivas, lo que representa un cambio cualitativo en la tenencia de la tierra en Bolivia.
Sin embargo, la mezquindad y el cálculo político evitaron avanzar y concluir este proceso para dar seguridad jurídica sobre la tierra, pese a que el Gobierno logró conseguir el financiamiento requerido para este último tramo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con todos los respaldos técnicos y de transparencia.
Los únicos perjudicados son quienes trabajan la tierra. Ese 6% restante no tiene la certeza de cuándo se retomará el saneamiento y titulación de la tierra, sobre todo cuando se viene un gobierno de derecha que poco hizo a lo largo de la historia en beneficio de los sectores más desprotegidos.
La tierra y su titulación es un derecho que debe ser atendido más allá de las visiones políticas.
