La gestión 2024 representa un año de logros notables para Bolivia en su compromiso con el control de cultivos de coca, demostrando que un enfoque equilibrado entre racionalización y erradicación puede generar resultados positivos incluso frente a la resistencia de grupos radicales.
La Fuerza de Tarea Conjunta consiguió erradicar y racionalizar más de 10.000 hectáreas de cultivos de coca durante el pasado año, cifra que adquiere mayor relevancia cuando consideramos el contexto adverso en el que estas operaciones se desarrollaron.
El trópico de Cochabamba, región que concentró el 72% de estas intervenciones, experimentó una paralización de actividades de medición y erradicación durante más de 226 días debido a la toma de las oficinas de la Unidad de Desarrollo Económico y Social del Trópico (Udestro) por parte de grupos cocaleros.
Esta situación nos plantea una reflexión fundamental: los resultados obtenidos reflejan no solo efectividad operativa sino también una voluntad política persistente.
La distribución de estas intervenciones merece análisis detallado. De las 10.001 hectáreas intervenidas a nivel nacional, se optó por la racionalización en 1.492 hectáreas (15%) y la erradicación directa en 8.509 hectáreas (85%), evidenciando un enfoque diferenciado según características territoriales.
La distribución regional de estas intervenciones muestra diferencias sustanciales en las estrategias aplicadas.
En la región del Chapare, donde se concentraron 7.246 hectáreas intervenidas, la racionalización alcanzó un 18% (1.289 hectáreas), mientras que en los Yungas, con 2.755 hectáreas intervenidas, esta modalidad representó solo el 7% (203 hectáreas). Estas diferencias reflejan una política adaptativa que reconoce las particularidades sociales, económicas y culturales de cada región.
El impacto de estas acciones trasciende las cifras inmediatas.
Bolivia ha logrado reducir su participación en la producción mundial de hoja de coca del 20% al 8% durante la última década, tendencia que contrasta notablemente con el incremento del 144% registrado en la región andina durante el mismo periodo.
Este logro adquiere dimensiones extraordinarias al considerar que Bolivia, con sus 31.000 hectáreas de cultivos de coca, mantiene niveles significativamente inferiores a los registrados en Colombia (253.000 hectáreas) y Perú (92.784 hectáreas).
La inversión presupuestaria de 114 millones de bolivianos provenientes del Tesoro General del Estado refleja un compromiso financiero concreto con esta política, permitiendo sostener operaciones complejas en territorios de difícil acceso.
Particularmente destacable resulta la declaración de dos áreas protegidas como libres de cultivos de coca: Amboró y El Choré.
Este enfoque, que prioriza la conservación de ecosistemas de alto valor ambiental, se complementa con la proyección de liberación completa de cultivos en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y el Parque Nacional Carrasco durante 2025.
El componente ambiental de esta política merece especial reconocimiento.
Las áreas intervenidas son sistemáticamente reforestadas con especies nativas, estableciendo un estándar donde la erradicación no constituye un fin en sí mismo sino el inicio de un proceso de restauración ecológica.
Este enfoque consolida a Bolivia como referente regional en la implementación de políticas de control de cultivos con sensibilidad ambiental.
Los resultados obtenidos, considerando el contexto adverso en el Chapare con más de siete meses de paralización de actividades de control, demuestran que se puede superar obstáculos.
Los logros de 2024 consolidan un modelo que equilibra control, sostenibilidad ambiental y respeto a la Madre Tierra.
La Paz/AEP
