En el calendario democrático de Bolivia, el reloj avanza inexorablemente hacia una fecha crítica: la primera semana de abril.
Este plazo, señalado por el Tribunal Supremo Electoral, no representa una simple referencia temporal, sino un momento decisivo para la fortaleza institucional de nuestra democracia.
La Asamblea Legislativa Plurinacional enfrenta una responsabilidad histórica: aprobar al menos seis leyes fundamentales acordadas en el Tercer Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia.
Estas normativas no constituyen meros trámites legislativos, representan el blindaje necesario para garantizar la integridad del proceso electoral programado para el 17 de agosto.
¿Qué implica realmente esta responsabilidad democrática? Para comprenderlo, debemos analizar la naturaleza de las leyes en cuestión.
Una de ellas busca garantizar la vigencia plena del principio de preclusión, fundamental para evitar la repetición de episodios como el de las elecciones judiciales, donde este principio fue vulnerado, resultando en comicios parciales que debilitaron la credibilidad institucional.
El proyecto elaborado por el TSE comprende aspectos esenciales para la independencia del Órgano Electoral, particularmente en lo referido a su no subordinación a otros órganos del Estado en materia de plazos, habilitaciones, escrutinio y publicación de resultados. Esta autonomía técnica representa la columna vertebral de un proceso electoral confiable.
Igualmente importante resulta la aprobación del crédito de préstamo con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que permitiría obtener recursos por $us 100 millones.
Aunque este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados el 1 de marzo de 2024, permanece estancado en el Senado debido a observaciones de parlamentarios ligados tanto a Evo Morales como a sectores de oposición, evidenciando cómo los intereses político-partidarios están obstaculizando un instrumento financiero esencial para garantizar, entre otros aspectos, el sufragio de los bolivianos en el exterior.
Las iniciativas sobre paridad y alternancia en binomios presidenciales y el debate público obligatorio para candidaturas presidenciales constituyen avances democráticos significativos que fortalecerán la calidad de nuestra democracia.
Por su parte, la modificación de la Ley 044 dotaría de mayor seguridad jurídica a los vocales del TSE en el ejercicio de sus funciones.
El ministro de Justicia, César Siles, ha hecho un llamado a los legisladores para cumplir con estos compromisos, mientras desde la bancada afín a Evo Morales se anticipa una postura obstruccionista.
Esta contraposición evidencia el verdadero dilema que enfrenta el Legislativo: privilegiar los intereses partidarios coyunturales o responder a su responsabilidad histórica como garante del sistema democrático.
La postura de bloqueo sistemático anunciada por sectores políticos específicos debe ser comprendida en toda su dimensión por la ciudadanía. No estamos ante simples diferencias procedimentales, sino frente a una decisión fundamental: fortalecer las bases institucionales de nuestra democracia o someterlas a intereses particulares.
El plazo del 4 de abril no es arbitrario. Responde a la necesidad técnica de contar con un marco normativo completo antes de emitir la convocatoria a elecciones. Su incumplimiento no solo tendría consecuencias procedimentales, sino que podría comprometer la integridad misma del proceso electoral, exponiéndolo a cuestionamientos posteriores que desemboquen en crisis políticas e institucionales.
La Asamblea Legislativa debe comprender que su función trasciende la representación política coyuntural. En momentos críticos como el actual, su responsabilidad primordial es garantizar la continuidad y fortalecimiento del sistema democrático.
Los acuerdos alcanzados en el Encuentro Multipartidario representan un consenso interinstitucional que debería prevalecer sobre diferencias partidarias.
La ciudadanía boliviana, verdadera depositaria de la soberanía, tiene derecho a exigir a sus representantes que asuman esta responsabilidad histórica.
