Más que una movilización en defensa de los derechos del pueblo, es un intento premeditado para instaurar a un presidente como Andrónico Rodríguez que responda a sus intereses, sin pasar por las urnas.
La marcha encabezada por Evo Morales y sus seguidores hacia La Paz, que en un inicio parecía una demostración de fuerza política, ha dejado al descubierto un plan de fondo que va más allá de las demandas sociales: la toma del poder a toda costa, incluso a expensas de la democracia.
Lo que muchos consideraban como un simple acto de presión política ha sido expuesto por las propias declaraciones del exmandatario, quien ha trazado un camino para que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, asuma la presidencia forzando a Luis Arce y David Choquehuanca a que dimitan.
La insistencia de Morales por buscar la salida de Arce y Choquehuanca no es casualidad.
Desde hace meses ha dejado clara su intención de regresar al poder "por las buenas o por las malas", lo que plantea serias dudas sobre sus verdaderos intereses en esta marcha.
Más que una movilización en defensa de los derechos del pueblo, es un intento premeditado para instaurar a un presidente como Andrónico Rodríguez que responda a sus intereses, sin pasar por las urnas.
Las palabras de los dirigentes evistas, quienes han advertido sobre una "guerra civil" y un "baño de sangre" si no se cumplen sus demandas, no son meras exageraciones. Reflejan una peligrosa escalada retórica que podría tener consecuencias devastadoras para la estabilidad del país.
El dirigente cocalero, en lugar de buscar el diálogo y la cohesión, ha optado por un camino que pone en riesgo la paz social y la integridad de los bolivianos.
El gobierno de Luis Arce, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha sido contundente al denunciar ante la comunidad internacional este plan desestabilizador. Las pruebas recogidas de las declaraciones de Evo y sus seguidores serán también presentadas ante la justicia, y es responsable que las instituciones democráticas actúen con firmeza y apego a la ley.
Lo más alarmante de esta situación es que el dirigente cocalero, quien alguna vez fue víctima de un golpe de Estado en 2019, ahora asuma el rol de quien busca subvertir el orden democrático. Las acusaciones de "golpista confeso" que lanza el Gobierno no son infundadas, están respaldadas por las propias palabras del exmandatario.
Bolivia enfrenta un momento crítico, y la comunidad internacional debe estar atenta a estas maniobras que amenazan con sumir al país en una nueva crisis política porque Evo está decidido a utilizar cualquier medio para volver al poder, aunque eso implique vulnerar la democracia y generar un clima de violencia y enfrentamiento.
Las fuerzas democráticas y la sociedad civil se han mostrado de acuerdo en defensa de la institucionalidad y el respeto a las reglas del juego político.
La democracia no debe ser secuestrada por ambiciones de Evo. Bolivia ya ha vivido episodios de dolor y luto en el pasado reciente, y no puede permitirse caer nuevamente en esa trampa.
La violenta marcha es un movimiento con intenciones claras de posicionar a Andrónico en la presidencia y abrirle la puerta a Morales para retomar el control del país. Frente a este escenario, el Estado y la sociedad civil organizada deben actuar para evitar que se repita un ciclo de inestabilidad y confrontación.
La Paz/AEP
