Gonzalo Sánchez de Lozada huyó a Estados Unidos en octubre de 2003 luego de la violenta Guerra del Gas que dejó más de 60 muertos y 400 heridos.
La convulsión social lo obligó a renunciar a 14 meses de haber iniciado su segundo mandato.
El primero, también accidentado por la venta a precio de regalo de las empresas estratégicas del Estado, fue de 1993 a 1997.
En ambos mandatos, la administración del multimillonario empresario minero suscribió contratos de riesgo compartido con multinacionales petroleras sin aval del Poder Legislativo, como lo marcaba la entonces Constitución Política del Estado vigente desde 1967.
El nonagenario expresidente y tres de sus exministros —Jorge Berindoague, Carlos López Quiroga y Carlos Contreras— están acusadas del delito de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Deberán responder al país en un juicio de responsabilidades cuyo trámite se inició en el ámbito legislativo en 2006 y que arrancará recién 18 años después.
Ninguno de los acusados está en el país. Fueron declarados en rebeldía. Sánchez de Lozada reapareció hace poco después de 20 años de silencio y deslizó, algo improbable, su retorno a la vida política del país.
El Tribunal Supremo de Justicia solicitó al Departamento de Estado norteamericano, una década atrás, la extradición del exmandatario ultraliberal.
El Departamento de Estado, que lo protege, rechazó la solicitud boliviana con el argumento de que algunos de los delitos por los que es imputado no se ajustan a su economía jurídica.
El Tribunal Supremo de Justicia emitió exhortos suplicatorios a Estados Unidos para notificar a dos, de cuatro, imputados.
Los exhortos suplicatorios permitirán que los acusados conozcan que se inició el juicio en contra de ellos por el caso denominado Petrocontratos.
Los exmandatarios Jorge Quiroga y Carlos Mesa Gisbert también debían ser parte del juicio. Pero el 27 de septiembre de 2018, el entonces presidente Evo Morales les concedió, amparado en un mecanismo constitucional, la amnistía presidencial para que defiendan la causa marítima a cuatro días de que la Corte Internacional de Justicia de La Haya emita su sentencia con relación a la demanda marítima.
Goni, el apodo de Sánchez de Lozada, tiene también otros procesos por los cuales debe responder al pueblo boliviano. Él y sus exministros de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín; de Gobierno, Alberto Gasser, y de Defensa, Freddy Teodovic, fueron señaladas como responsables de las muertes de 33 personas, el 12 y 13 de febrero de 2003, durante la confrontación de fuerzas del orden y civiles, originada por un motín policial en la ciudad de La Paz.
Otro proceso está relacionado con la muerte de más de 60 personas en las protestas de septiembre y octubre de 2003 que desencadenaron la caída de su gobierno.
El exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de genocidio y daño económico al país, y protegido de Estados Unidos, no pisará Bolivia, es seguro, ni ninguna de sus cárceles. Las manos manchadas de sangre y la impunidad serán, sin embargo, su triste impronta en la historia boliviana.
