El bloqueo de carreteras es una medida de alta gravedad e impacto, y fue aplicado sin justificativos suficientes por una parte de la dirigencia radical de transporte que se niega a ir al diálogo, pese a las reiteradas invitaciones de las autoridades de Gobierno.
Esta actitud es una muestra clara de que estos dirigentes radicales priorizan su interés político por encima del bienestar colectivo y, en el caso actual, constituye un serio atentado a la estabilidad del Estado, el Gobierno y la sociedad.
La dirigencia radical del transporte obliga a las bases a dejar de trabajar y cortar vías, bajo sanción con multas e incluso agresiones físicas. Se niegan a volver al diálogo, lo cual evidencia sus intereses políticos y genera pérdidas millonarias por día en los sectores empresarial y comercial.
¿Cómo no pensar, entonces, en que se trata de un intento de sabotear la gestión del gobierno? No es posible que por caprichos políticos —porque está claro que sí hay combustibles y que la falta de dólares es eventual— este grupo radical de dirigentes ponga en serio riesgo actividades fundamentales como el transporte, y de paso se atente contra la economía a diversos sectores productivos, comerciales y laborales.
El Gobierno nacional da constantes muestras de su predisposición para atender demandas de diversos sectores, pero una vez más, sectores minoritarios con intereses políticos y económicos particulares quieren generar zozobra y caos para posicionar una falsa idea de crisis y desestabilizar al Gobierno.
En los dos días de bloqueo, el Gobierno reportó que la afectación económica causada por algunos grupos del transporte pesado es mayor a Bs 833 millones, lo que significa un duro golpe a la actividad económica en Bolivia.
Además de serios daños a las vías, por acumulación de escombros y quemas de llantas, entre otros (por lo que algunos dirigentes serán procesados), el mayor daño es el económico y se expresa en diversos niveles.
Fueron 14 puntos de bloqueo en varias carreteras, pero esencialmente en las rutas que conectan a las tres capitales del eje del país y Oruro, por donde pasan vías fundamentales para unir el norte y el sur del país.
Por día, las pérdidas fueron más de Bs 2 millones solo en peajes, pero la mayor afectación es a nivel empresarial y comercial. Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industrias, estimó que más de 39 mil empresas pierden entre $us 10 millones y $us 12 millones al día.
Ante ese panorama oscuro para la economía nacional por culpa de este sector radical, el Gobierno nacional no se cansará de convocar al diálogo como mecanismo único para escuchar las demandas y encontrar las soluciones.
