La estabilidad y el progreso del país se ven nuevamente amenazados por la ambición desmedida de un solo hombre. El expresidente Evo Morales, en su afán por aferrarse al poder, anunció una serie de medidas que no solo desafían el orden constitucional, sino que también ponen en riesgo la paz social y el desarrollo económico del país.
Las recientes advertencias de Morales, en las que anuncia marchas y bloqueos nacionales, revelan una preocupante desconexión con la realidad del país y un desprecio flagrante por la voluntad popular.
Es evidente que el expresidente no ha asimilado el mensaje claro que los bolivianos le dieron en 2019, cuando se vio obligado a renunciar y huir del país.
La Constitución, la Sentencia Constitucional 1010/2023 y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son inequívocas: Morales no puede ser candidato presidencial en 2025.
Sin embargo, su obstinación lo lleva a desafiar no solo el marco legal, sino también el sentir de la mayoría de los bolivianos, que —según el ministro de Justicia, Iván Lima— "no quiere verlo más".
Es alarmante que un exmandatario esté dispuesto a hacer arder al país y promover prácticamente un golpe de Estado solo para satisfacer sus ambiciones personales.
Esta actitud no solo es irresponsable, sino también peligrosa para la estabilidad democrática de Bolivia.
El presidente Luis Arce ha expresado acertadamente que la inmensa mayoría de los bolivianos está cansada de los bloqueos y apuesta por el desarrollo. El país necesita enfocarse en políticas que garanticen la seguridad alimentaria y el progreso económico, no en luchas intestinas motivadas por "intereses y aspiraciones políticas personalistas".
Es momento que Evo entienda que su tiempo en el poder ha terminado. La legitimidad de un líder no se mide por su capacidad de movilizar a un "voto duro", sino por su respeto a las instituciones y su compromiso con el bienestar general de la nación.
Bolivia merece avanzar sin la sombra de amenazas de convulsión social. El país ha hablado claramente a través de sus instituciones y su pueblo. Es hora de que todos los actores políticos, especialmente aquellos que alguna vez ocuparon altos cargos, respeten la voluntad popular y trabajen por el fortalecimiento de la democracia, no por su erosión.
La obsesión de Evo Morales por volver al poder, cuando legalmente está impedido, no solo es un desafío a la ley, sino también un insulto a la inteligencia y la dignidad del pueblo boliviano.
Es momento de rechazar categóricamente cualquier intento de socavar la estabilidad en aras de ambiciones personales.
