La Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP) de Estados Unidos ha elaborado por décadas un informe anual con una estimación de los cultivos de coca en lo que llama la región andina, formada por Bolivia, Colombia y Perú.
Pero la Casa Blanca del presidente Joe Biden ha abandonado, casi en silencio, ese indicador usado durante décadas como chantaje para medir el supuesto éxito en el combate contra las drogas.
La administración Biden anunció, sin explicación, la suspensión "temporal" del monitoreo satelital de los cultivos de coca en Colombia.
Se desconoce si los estudios satelitales continuarán en Bolivia y Perú.
En nuestro país, al que le tiene sin el menor cuidado la decisión estadounidense, el monitoreo de cultivos de la hoja lo desarrolla la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) con financiamiento de la Unión Europea.
Con estándares internacionales, el monitoreo satelital de la UNODC se combina con verificación de datos en tierra.
El informe anual de Estados Unidos, desde que se publicó por primera vez en 1987, solo ha servido para descertificar a gobiernos incómodos.
El presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro, que no quiere que la erradicación se convierta en el centro de su estrategia antinarcóticos, ha optado por perseguir a los narcotraficantes en gran escala y a los lavadores de dinero que obtienen la mayor parte de las ganancias del tráfico de drogas.
Está claro que Estados Unidos debe enfocar el problema en su propio territorio, afectado por una grave crisis de consumo de fentanilo, que ha provocado decenas de miles de muertes por sobredosis.
De momento no se sabe con certeza qué sucederá con el futuro del monitoreo de coca por parte de Estados Unidos, pero los expertos advierten que los patrones de consumo de narcóticos están cambiando para mal, reduciendo la demanda de cocaína.
El combate al narcotráfico es una responsabilidad compartida porque fomenta la violencia, el crimen y la muerte en todo el hemisferio.
