La Red Contra la Violencia a las Mujeres ha levantado una voz de alarma ante las propuestas que buscan la suspensión del mandato de autoridades judiciales y la interrupción de los plazos procesales.
Esta organización, con 28 años de experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres, advierte de que estas medidas tendrán consecuencias devastadoras, dejando a los sectores más vulnerables en un estado de incertidumbre y desamparo.
En un pronunciamiento público, la Red expresó su profunda preocupación por la posibilidad de que se concrete la suspensión de la continuidad jurisdiccional en Bolivia.
Esta propuesta, respaldada por legisladores ligados a Evo Morales y a las opositoras Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, podría llevar a la parálisis de los servicios judiciales, afectando especialmente a mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia.
El proyecto de Ley 073, elaborado por el senador "evista" William Tórrez, propone la suspensión de los plazos procesales en todas las materias desde el 2 de enero de 2024 hasta la posesión de nuevas autoridades jurisdiccionales elegidas por voto popular que, si no se presentan contratiempos, podría ocurrir en octubre de este año.
Por otro lado, el proyecto de Ley 075 busca el cese de mandato de las autoridades judiciales ante la falta de elección de nuevas autoridades.
Los defensores de estas propuestas argumentan que son necesarias, pero el Gobierno y sectores críticos sostienen que provocarán un "vacío judicial".
La Red Contra la Violencia a las Mujeres se une a esta preocupación señalando que la suspensión de plazos procesales en los Tribunales Superiores no solo generaría un vacío de justicia, sino que también minaría el principio de tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, especialmente para aquellos en situación de vulnerabilidad.
La entidad destaca la importancia de la continuidad del servicio judicial para garantizar la protección de los derechos fundamentales, especialmente en casos que involucran a grupos vulnerables. Exhorta a que se respeten y mantengan vigentes los plazos procesales, asegurando así una justicia material, eficiente y oportuna.
Frente a estos riesgos, la Red hace un llamado a todos los sectores sociales e institucionales a respaldar la protección de los derechos de todas las personas y a garantizar un sistema judicial justo y equitativo para todos.
La suspensión de plazos procesales podría tener repercusiones desastrosas, dejando a las víctimas de violencia en un estado de desprotección y desamparo que no puede ser ignorado ni pasado por alto. La sociedad debe unirse para evitar que estas propuestas se conviertan en una realidad que amenace la justicia y la seguridad de los más vulnerables.
