Parece que la distancia ideológica entre el ultraderechista Javier Milei y el centroizquierda Lula da Silva no impedirá que el Poder Judicial actúe. La Corte argentina emitió órdenes de aprehensión contra 61 prófugos brasileños condenados o investigados por los hechos del 8 de enero de 2023. Hasta este viernes (15), al menos dos brasileños estaban detenidos.
Hace un mes, el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, solicitó la extradición del grupo. Respondió a una solicitud de la Policía Federal y notificó al Ministerio de Justicia, que remitió la solicitud al país vecino.
La orden fue firmada por el juez Daniel Rafecas, titular del 3º Tribunal Federal, que hará audiencias con los detenidos y decidirá sobre la extradición, según información del diario Folha de S. Paulo. Luego de la decisión de Rafecas, los prófugos aún podrán apelar ante la Corte Suprema de Justicia. Brasil y Argentina forman parte del Acuerdo de Extradición entre los Estados Partes del Mercosur. El texto fue promulgado en 2006 por el presidente Lula (PT).
La policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a uno de los objetivos de la orden de arresto, este jueves (14), en la ciudad de La Plata, a unos 50 kilómetros al sur de la capital argentina. El prófugo fue condenado a 17 años de prisión por la invasión y depredación de la sede de los Tres Poderes, en Brasilia. Según fuentes del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la captura se produjo cuando policías divisaron a un hombre en la calle en “actitud sospechosa”. El hombre fue identificado y la orden de aprehensión fue localizada en el sistema policial.
La detención fue notificada a un Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de Argentina, que avaló la actuación de la Policía Bonaerense. La segunda detención tuvo lugar este viernes (15).
El gobierno de Javier Milei cambió la ley para otorgar la condición de refugiado días después del pedido de extradición de Moraes. Ahora, el beneficio no se otorgará a extranjeros denunciados o condenados en sus países. La decisión podría afectar al menos a 37 personas investigadas por los hechos del 8 de enero que se encuentran en Argentina.
“No se reconocerá la condición de refugiado a los extranjeros que se encuentren en alguna de las siguientes situaciones: (…) Relacionados con delitos graves cometidos antes de la Solicitud de Refugio: cuando, antes de ser admitidos como refugiados en la República Argentina, hayan sido acusados y/o condenados fuera del país de un delito grave”, dice un extracto del decreto.
El 6 de junio de este año, la PF intentó ejecutar 208 órdenes de prisión preventiva contra sospechosos de participación en los hechos del 8 de enero de 2023, pero solo fueron encontradas 49 personas. La medida se llevó a cabo en una de las fases de la Operación Lesa Pátria. En su momento, la corporación afirmó que “más de doscientos acusados incumplieron deliberadamente las medidas cautelares judiciales o incluso huyeron a otros países, con el objetivo de evitar la aplicación del derecho penal”. Para la Policía Federal (Brasil), parte de estas personas habrían cruzado la frontera de Brasil a Argentina a pie o en automóvil, en un intento de pedir refugio al gobierno de Javier Milei, aliado del expresidente Jair Bolsonaro (PL). Dos semanas después del operativo, Argentina envió un mensaje al gobierno brasileño con alrededor de 60 nombres de prófugos del 8 de enero que se registraron al ingresar al país.
La Paz/AEP
