La corrupción y la administración pública
La actividad pública, como en todo Estado, está regulada jurídicamente en su quehacer por principios como el de legalidad, de raíz constitucional —que rige la actuación de todo Estado de derecho y que asegura el respeto a la normatividad y prelación jurídica—, de igualdad y razonabilidad jurídica, de control y de responsabilidad jurídica, consecuencias todas del Estado democrático, modelo adoptado para la organización pública.
La Constitución y las leyes definen las atribuciones del poder público y a ellas debe sujetarse su ejercicio, mismo que obliga a la persona a estar imbuida de un alto sentido de responsabilidad.
El comportamiento humano es resultado de los condicionamientos del pasado y de los que predominan en el presente. Esta es una premisa de la psicología social desde la cual se considera que la mayoría de las conductas de las personas, en sus respectivas comunidades, tienen un origen cultural (Rodríguez, 2007). Asimismo, según Rokeach (1979), Schwartz (1992) y Puig (1995), la cultura transmite valores; los valores son considerados principios o guías para que las personas elijan qué hacer y justifiquen sus acciones, evalúen a otras personas y situaciones que aparenten ser más o menos benéficas a su integridad (Martínez, Ruiz y Mendoza, 2013). Oyserman (2001), Kemmelmeir (2000-2002), Coon (2001) e Izquierdo y Alonso (2010) conciben a la cultura como un conjunto de valores contenidos en determinadas áreas, siendo algunas de ellas aparentemente universales, pero cuando una persona se sitúa en alguna de esas áreas, actúa conforme a un patrón cultural. Son resultado de cambios y transformaciones en el curso de la historia, se crean con un significado especial y se modifican o desaparecen de acuerdo con la época.
Desde la filosofía humanista, un valor es lo que hace que un hombre y una mujer sean lo que son, porque al dejar de ser, no serían humanos o perderían parte de su humanidad, por ello buscan una excelencia o una perfección. Desde una noción socioeducativa, los valores son considerados pautas que orientan la conducta humana hacia la transformación social y al desarrollo personal, son guías que orientan la conducta y la vida de cada individuo y de cada grupo social (Sandoval, 2007).
Actualmente, la corrupción se asocia con consecuencias tales como daños de tipo material o económico, que son las principales características auditables en la gestión pública; sin embargo, también genera cambios psicosociales, como angustia, deterioro de la autoestima, sentimientos de desconfianza e inseguridad, actitudes de cinismo —cuando se violan los derechos de las personas—, desánimo e ira, además de disminuir las probabilidades de desarrollo humano y organizacional (Rodríguez, 2007).
En ese tenor, Sánchez (2011) afirma que la corrupción administrativa es identificable y, aunque exista un sistema de administración para controlarla y sancionar “algunas” prácticas corruptas, es un hecho que los regímenes políticos (partido hegemónico y de alternancia política) han concebido a la corrupción como un “incentivo” que facilita alcanzar el poder.
La corrupción opera en el siguiente engranaje: para que una persona se corrompa, primero necesita encontrar a otra y después deben negociar una alianza. Pero, en la cultura de la corrupción, ¿cómo y dónde se localiza a la persona adecuada, tanto para corromper como para evitarlo? Además, la persona “asociada” debe tener algunas características (Boehm y Graf Lambsdorff, 2009): debe estar en capacidad de proporcionar un beneficio, aunque existen casos en los cuales las personas actúan como si tuvieran los medios para proporcionar un beneficio y, en realidad, no los tienen; la persona asociada necesita tener la voluntad de beneficiar a la persona que solicita el beneficio, para lo cual esta última suele ser muy sutil al expresar la solicitud, ya que ser muy directo la expondría peligrosamente a ser denunciada; finalmente, la persona corruptora debe tener experiencia, habilidad y suficiente tacto o sensibilidad para realizar sus acciones sin ser descubierta.
Rodríguez (2007) considera que para combatir la corrupción deben tenerse conocimientos en psicología, la cual presupone que los complejos de inferioridad, los rencores, la depresión, la represión, el resentimiento y el odio son causales psicológicas de la corrupción. Este autor explica la corrupción en la cultura mexicana a partir del hecho de que su población no se organizó durante 300 años, en contra de la dominación española, la cual forjó en la gente un carácter individualista que ha hecho que las personas ni siquiera reconozcan el malestar social que les rodea, pues solo se preocupan por sí mismos sin importarles el bienestar de la sociedad.
La corrupción forma parte de cualquier sociedad organizada y opera a través de estructuras jerárquicas con poder (Müller, 2012); los estudios consideran que en esta interactúan la política, la economía y la sociedad. Las prácticas corruptas son acciones que atentan contra el interés general; es decir, comprenden la superposición del beneficio personal o de un grupo sobre el bien común. La corrupción es no importarme el futuro de la mayoría de las personas por el bienestar mío.
El artículo completo fue publicado en la Revista de Análisis Político Pachacuti N° 1/2021 de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.
