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Claudia Miranda Díaz

El complejo fenómeno de la corrupción (III)

El Estado, escenario de la administración pública

Hans Kelsen (1995) afirmó que la conducta humana se regula gracias al estado de derecho adquirido a partir de un conjunto de normas para la vida en sociedad.

La sociedad que se establece permanentemente en un territorio y se organiza jurídicamente se denomina “Estado”. Para que este alcance el bienestar social, se establece un Gobierno, como instrumento jurídico para ejercer el poder. Según el autor, la mayoría de los expertos en la materia considera que este concepto cubre los elementos necesarios para alcanzar el bienestar social (Jiménez, 2005).

El Estado es una forma de organización política y jurídica de la sociedad. Posee poder administrativo y soberano sobre una determinada zona geográfica, está integrado por cuatro elementos: la población, el territorio, la soberanía y el reconocimiento internacional. El Gobierno se refiere al conjunto de órganos a los que institucionalmente les está confiado el ejercicio del poder político. La república es una forma de gobierno y organización del Estado, en la que el poder público es ejercido por representantes del pueblo, con base en las leyes establecidas para todos (Constitución Política).

Desde la creación de la República en 1825, la gran mayoría de nuestra población no fue tomada en cuenta por el Estado, solo se gobernó para la población letrada. Recién en 1952 (9 de abril), las grandes mayorías nacionales, a través de una insurrección popular denominada la “Revolución del 52” —durante el primer gobierno de Víctor Paz Estenssoro, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)—, consiguen su derecho ciudadano a existir, mediante el reconocimiento del “voto universal”, antes negado a las personas que no sabían leer y escribir y a las mujeres, aunque supiesen leer y escribir.

El 22 de enero de 2006 —luego de ganar las elecciones del 18 de diciembre de 2005—, Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), asume la presidencia e inicia el camino de la Revolución Democrática y Cultural que consolida y fortalece los derechos de las mayorías nacionales (indígenas originarios campesinos), habilitándolos no solo a “votar”, sino a ser elegidos y ser parte del Gobierno en los diferentes órganos, tanto a nivel nacional, departamental como municipal. Consolidando que el Estado Plurinacional no es la construcción de un Estado dentro de otro, sino el reconocimiento de la existencia de la diversidad de pueblos y naciones originarias y su cultura dentro del país, como parte de la convivencia e identidad histórica.

El 20 de enero de 2010, durante el gobierno de Evo Morales (del MAS-IPSP), se funda el Estado Plurinacional de Bolivia a través del Decreto Supremo 405. La nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, que da lugar a esta fundación, fue aprobada mediante referéndum de fecha 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero del mismo año. La Asamblea Constituyente —única en la historia de nuestro país, resultante de un proceso electoral llevado a cabo el 2 de julio de 2006— que redactó la nueva Constitución inició sus deliberaciones el 6 de agosto de 2006 y concluyó sus labores el 10 de diciembre de 2007.

Una vez iniciado el proceso de construcción del Estado Plurinacional de Bolivia, la corrupción es un tema que debe ser atendido en términos normativos y éticos. Cada grupo humano adopta y consagra normas, porque las considera indispensables para estimular su acción colectiva, sobrevivir, desarrollarse y civilizar su convivencia. En este sentido, es importante puntualizar algunos aspectos relacionados con este tema.

La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad; mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad.

Un comportamiento moral, en política, es el que intenta realzar en la sociedad valores que son objeto de un interés colectivo. En este sentido, una ética política trata específicamente de los valores que satisfacen el interés general de una organización política.

La relación entre ética y política en la democracia moderna no deja de ser tensa y peligrosa, ya que esta última introduce un fuerte relativismo moral; mientras que la ética se encarga de la felicidad de un individuo, la política trata de buscar la felicidad de un conjunto social. A su vez, al ser el hombre un ser sociable por naturaleza, la felicidad del individuo está indisolublemente unida a la felicidad del cuerpo social al que pertenece.

Si bien los principios son un conjunto de parámetros éticos de carácter universal dirigidos a orientar la vida en sociedad, los valores son guías para definir el correcto comportamiento de los individuos en la sociedad; son aquellas características morales en los seres humanos, tales como la humildad, la honestidad y el respeto y todo lo referente al género humano. El concepto de valores se trató tanto en la antigua Grecia como en nuestros ancestros; es muy conocido por todos nosotros el antiguo lema “ama sua, ama llulla, ama kella” (No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo).

La honestidad es un valor moral positivo vinculado a la verdad y a la transparencia; es lo contrario a la mentira, la falsedad y la corrupción. La honestidad es la base para otros valores que se desprenden del ser honesto, por ejemplo, ser leal, actuar razonablemente, ser justo.

*Es economista-investigadora.

El artículo completo fue publicado en la Revista de Análisis Político: Pachacuti N° 1/2021 de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia.


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