Cada año, el Órgano Ejecutivo, a través del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, presenta ante la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión fiscal siguiente, conforme lo establece el artículo 172 de la Constitución Política del Estado (CPE).
He escuchado en múltiples ocasiones a analistas afirmar que el PGE 2025 del gobierno actual es centralista y no beneficia a los gobiernos subnacionales, como gobernaciones, municipios y universidades públicas. Estas afirmaciones no son correctas, ya que la asignación de recursos del PGE está respaldada por la CPE y la normativa vigente.
Los numerales 4 y 9 del artículo 172 de la CPE establecen claramente que es atribución del Presidente del Estado dirigir la administración pública, coordinar con los ministros y gestionar las rentas estatales, así como decretar su inversión a través del ministerio correspondiente, respetando las leyes y la sujeción estricta al PGE.
Además, el artículo 298 de la CPE define las competencias privativas del nivel central del Estado (NCE), entre las cuales se encuentran el sistema financiero, política monetaria (Banco Central), política económica y planificación nacional, política exterior, régimen aduanero, seguridad del Estado y la defensa, así como la creación y administración de empresas públicas estratégicas.
Por otro lado, el parágrafo V del artículo 306 de la CPE establece que el Estado tiene como valor supremo al ser humano y garantizará el desarrollo mediante una redistribución equitativa de los excedentes económicos en áreas sociales, de salud, educación, cultura y reinversión en el desarrollo económico productivo.
El numeral 6 del artículo 316 de la CPE establece como función del Estado promover prioritariamente la industrialización de los recursos naturales, tanto renovables como no renovables, en respeto al medioambiente, favoreciendo así la generación de empleo y el bienestar social.
Para cumplir con las atribuciones y competencias mencionadas se requieren recursos económicos, los cuales se reflejan en el PGE de cada gestión. Es fundamental entender que todos los programas y proyectos que ejecuta el NCE benefician a los 9 departamentos, 112 provincias y más de 300 unidades territoriales de nuestro país. Por lo tanto, ¿de qué centralismo se está hablando?
Asimismo, es crucial mencionar que las competencias de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) están definidas en los artículos 300 al 304 de la CPE. El artículo 341 establece los recursos departamentales, que incluyen regalías departamentales, participación en impuestos a hidrocarburos y transferencias del Tesoro General de la Nación destinados a financiar servicios de salud, educación y asistencia social.
Las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley Nº 031, del 19 de julio de 2010, Marco de Autonomía y Descentralización ‘Andrés Ibáñez’, estipulan que las ETA municipales e indígena originario campesinas recibirán transferencias del NCE equivalentes al 20% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el Gravamen Aduanero y el Impuesto a las Salidas al Exterior, entre otros, al igual que las universidades públicas. Estas disposiciones rescatan lo que establecía el artículo 20 de la Ley de Participación Popular, de 20 de abril de 1994.
Con la normativa mencionada para las ETA y universidades, así como otras relacionadas con el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), es incorrecto afirmar que el PGE presentado por el Gobierno actual es centralista. Las competencias y recursos asignados están claramente definidos en la CPE y la Ley Nº 031, vigente desde hace más de 15 y 30 años.
Para ilustrar el destino de los recursos del PGE 2025, de acuerdo a la presentación realizada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a continuación presento algunos ejemplos:
Industrialización de los Hidrocarburos: Bs 56.228,5 millones
Electrificación: Bs 5.136,4 millones
Industrialización del Litio: Bs 510,7 millones
Construcción y Mantenimiento de Carreteras: Bs 4.492,3 millones
Vivienda Social: Bs 2.328,4 millones
Sistemas Alimentarios Resilientes a Nivel Nacional - PAR III: Bs 630,3 millones
Construcción de la Planta Refinadora de Zinc en Oruro: Bs 1.029 millones
Operación Planta Siderúrgica Básica para la Fabricación de Laminados de Acero del Mutún: Bs 432,3 millones
Proyectos de inversión en agua, saneamiento y medioambiente: Bs 1.109,5 millones
Programas oleíferas, tubérculos y raíces, granos andinos y bananos: Bs 230,4 millones
Mantenimiento de infraestructura de las unidades educativas de los municipios e institutos tecnológicos de las gobernaciones: Bs 1.949,2 millones
Personal en salud (médicos): Bs 12.575,6 millones
Magisterio fiscal y direcciones departamentales de educación: Bs 18.980,3 millones
Seguridad y defensa del Estado – Fuerzas Armadas: Bs 3.234,9 millones
Seguridad y orden – Policía Boliviana: Bs 4.315,2 millones.
Es importante señalar que estos gastos se ejecutan en todo el territorio boliviano.
En conclusión, quiero destacar que los recursos del PGE 2025 se distribuyen y utilizan en los nueve departamentos, 112 provincias y más de 300 unidades territoriales. Esta distribución se lleva a cabo mediante la provisión de bienes, servicios y proyectos de inversión pública, lo que demuestra claramente que el PGE no es centralista. Confío en que los asambleístas aprueben el PGE con la convicción de que todos los gastos serán en beneficio de la población en general.
La Paz/AEP
