Las elecciones judiciales por sí solas no resolverán nada de la situación política, económica ni la crisis judicial del país, pero bien podrían definir poderes políticos futuros, tomando en cuenta lo que significa el “poder” judicial para la oligarquía que exige recuperar privilegios.
Tampoco resolverán la crisis y los problemas estructurales de la justicia en Bolivia, que sigue siendo elitista, racista e ideológicamente antipopular, por lo tanto, se podría aseverar que es una justicia injusta, sesgada y parcializada con los poderes económicos y políticos de siempre, eso porque la reforma de la justicia, muy publicitada hasta 2019, no modificó ni las estructuras institucionales ni mentales de los administradores de justicia.
¿La politización de la justicia es real, es actual?
Los propagandistas del apocalipsis afirman que la justicia está siendo politizada e instrumentalizada por el Gobierno, no se nota que la actual administración de justicia responda a este gobierno; no obstante, habrá que recordar que siempre fue apéndice del poder político, es más, en la época republicana, de los gobiernos de facto y época neoliberal, era una oficina más del gobierno de turno, de la embajada de EEUU y estaba perfectamente cuoteada. Si bien no existía escándalos públicos, era porque el poder político, el poder económico, el poder mediático-comunicacional y el poder judicial estaban en las mismas manos y todos en contra de los campesinos, de los pobres, de los indios, de los luchadores del campo popular, de todo aquel que no tenía poder ni vínculos con el poder.
Por lo tanto, no debemos espantarnos de que se rasguen las vestiduras gritando que la justicia tenga vinculación con el poder o con el Gobierno —a pesar de que la CPE dicta otra cosa—. Es más, no hay que espantarse de que de la buena o mala administración de justicia beneficia o perjudica un gobierno y la sociedad, incluso aunque parezca ridículo, cuando la justicia cometía injusticias y las presentaba como algo justo o como la correcta aplicación de la ley, se beneficiaron los gobiernos de la oligarquía por décadas, apropiándose de tierras, explotando a los trabajadores, esclavizando a los campesinos y encarcelando a los pobres.
Por lo tanto, en estas elecciones judiciales, mucho dependerá de quiénes sean los nuevos altos administradores de justicia para saber hacia dónde dirigirán sus leguleyos argumentos y a quiénes beneficiarán o a quiénes perjudicarán, muy al margen de las formas en que sean elegidos.
Estas elecciones pueden consolidar nuevas élites judiciales
Sí, si bien no hubo casi ningún cambio significativo en la administración de la justicia, ni desde que asumió Evo el gobierno ni cuando se aprobó la CPE, ni cuando se empezó a elegir por voto a las altas autoridades judiciales —porque convengamos que siguen a cargo de la administración de la justicia las mismas roscas de siempre, con contadas excepciones, pero esas excepciones entraron a funcionar bajo el mismo engranaje—, de alguna manera también lograron que nuevos profesionales de orígenes populares ingresen a ser parte de la administración de justicia. Estas elecciones judiciales, por el contexto político que se vive, pueden recomponer y terminar de enraizar los nuevos poderes dentro de la justicia, o quien sabe, a pesar de todos los antecedentes del proceso de selección de candidatos, de los antecedentes políticos y personales de los candidatos, podrían darnos alguna grata sorpresa, cambiando el sistema y provocando una revolución en la administración de justicia.
Por eso, es importante involucrarse en las elecciones judiciales, así algunos seremos parte de la solución, otros seremos parte del problema, pero todos intentemos que algo cambie en la justicia, a pesar de todo…
Escrito por Darío Marcelo Gareca Cardozo.
