Durante un siglo y medio, tras la guerra civil (1861-65), el consenso entre demócratas y republicanos permitió que funcionaran el Estado de derecho y la democracia liberal. Sin embargo, la irrupción de Donald Trump en la escena política en 2016 nunca pudo ser digerida por el poder detrás del trono.
A pesar de la derrota del multimillonario en 2020, la incapacidad del gobierno demócrata para resolver los más acuciantes problemas del país dejó abierta la puerta para que el desafiante ultraconservador retorne al poder en 2025. Incapaces de enfrentarlo políticamente, entonces, los poderes fácticos recurren a la Justicia que procede contra el expresidente, mientras calla ante el actual y tolera que los servicios de inteligencia manipulen información para influir en procesos electorales. Incapaces de resolver políticamente el agudo conflicto civil que fractura Estados Unidos, el Estado profundo está destruyendo su propia credibilidad.
El exmandatario Donald Trump compareció el martes ante un tribunal federal de Miami, donde fue imputado por haber retenido ilegalmente documentos de seguridad nacional y haber mentido a los funcionarios que intentaron recuperarlos. Como era de esperar, el expresidente no fue detenido, pero el juzgado le prohibió viajar al exterior y lo obligó a dar cuenta de sus desplazamientos mientras dure el proceso que puede demorar años. No obstante, Trump ha proclamado su inocencia y ha prometido continuar su campaña para recuperar la presidencia en las elecciones de noviembre de 2024. Antes de partir de Nueva Jersey para Miami, el líder conservador, que este miércoles cumple 77 años, escribió en su plataforma de redes sociales Truth Social: “Espero que todo el país esté observando lo que la izquierda radical está haciendo a América”.
A pesar de los problemas legales, el exgobernante sigue siendo el dirigente más popular entre los votantes republicanos. Una encuesta de Reuters/Ipsos publicada el lunes reveló que el 81% de los adherentes al GOP (Grand Old Party, el Viejo Gran Partido, nombre oficial del Partido Republicano) pensaba que las acusaciones contra Trump tenían una motivación política. La encuesta también mostró que el pelirrojo sigue primero en la carrera por la nominación presidencial del partido. Alrededor del 43% de los republicanos encuestados dijeron que el antiguo jefe de Estado era su candidato preferido, frente al 22% que eligió al gobernador de Florida, Ron DeSantis. A principios de mayo, Trump aventajaba a DeSantis por 49% a 19%, pero luego el gobernador entró formalmente en la competición.
Haciendo caso omiso a sus problemas judiciales, el exmandatario sigue adelante con su ya lanzada precandidatura para la nominación republicana. Este martes por la noche, horas después de haber comparecido ante el tribunal en Miami, será el anfitrión de la primera reunión para la recaudación de fondos para su campaña de 2024. El acto tendrá lugar en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey. Trump ha confiado durante mucho tiempo en los pequeños donantes para impulsar sus campañas. En su campaña para 2024 la contribución media ronda los 30 dólares. A finales de marzo, después de que fuera acusado de haber intentado comprar el silencio de una actriz pornográfica con la que mantuvo relaciones en 2016, el expresidente recibió una oleada de contribuciones por vía electrónica. Ahora su equipo trata de capitalizar la indignación conservadora por la acusación de haber retenido los documentos clasificados y ha convocado a una nueva campaña de donaciones.
La acusación formal presentada el jueves pasado por el Departamento de Justicia convirtió a Donald Trump en el primer exmandatario en la historia del país que enfrenta cargos federales por violar la Ley de Espionaje. A Trump se lo acusa de siete delitos: retener deliberadamente documentos de defensa nacional, conspirar para obstruir la Justicia, retener documentos, ocultar registros de manera corrupta, esconder documentos en una investigación federal, conspirar para ocultar y hacer declaraciones falsas. Cada una de estas acusaciones conlleva penas máximas de hasta 20 años de prisión. No obstante, es poco probable que Donald Trump sea condenado tan severamente.
Decenas de cargos para Trump
El político republicano también se enfrenta a otros 34 cargos criminales por la presunta falsificación de registros comerciales de Nueva York y por un pago a la actriz pornográfica Stormy Daniels durante la campaña electoral de 2016, pero el exmandatario asegura ser inocente. Tanto uno como el otro proceso judicial podría prolongarse durante meses o años y acaparar la atención pública durante la campaña electoral del año próximo.
Rápido de reflejos, Donald Trump vinculó la acusación presentada el jueves pasado por el Departamento de Justicia, que llevó a su indagatoria en Miami, con un intento de desviar la atención de la difusión, ese mismo jueves, de los documentos del FBI sobre el actual mandatario, Joe Biden. Tras haber tenido que amenazar al director de la Oficina Federal de Investigaciones, Christopher A. Wray, con un proceso por rebeldía contra el Congreso, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes tuvo finalmente el jueves 8 acceso a documentos del FBI que indican que, cuando era vicepresidente de EEUU.(2009-17), Joe Biden recibió una coima de la compañía de gas ucraniana Burisma.
“No es coincidencia que me acusen el mismo día en que se reveló que el FBI tenía pruebas de que Joe Biden recibió un soborno ilegal de Ucrania”, dijo este sábado Trump durante su intervención en un acto del Partido Republicano en Carolina del Norte.
Luego de que el FBI presentara los documentos al comité de la Cámara de Representantes, la congresista republicana Marjorie Taylor Greene denunció públicamente que en 2015 el holding energético ucraniano Burisma pagó a Joe Biden y a su hijo Hunter 5 millones de dólares a cada uno para que influyeran sobre el Gobierno de Kiev y este pusiera fin a una investigación contra la compañía. Según la legisladora, el entonces fiscal ucraniano Viktor Shokin indagaba a Burisma por evasión impositiva y lavado de dinero. Entonces, en 2015 Hunter Biden fue contratado para la junta de Burisma, para que su padre vicepresidente “hiciera que los problemas desaparezcan”. Así, el gobierno de Barack Obama presionó a su aliado Petró Poroshenko reteniendo garantías para préstamos que Ucrania necesitaba. En marzo de 2016, finalmente, el parlamento del país europeo destituyó al fiscal Shokin y se cerró la pesquisa.
Que el FBI pretendiera retener la documentación sobre la familia Biden ante el requerimiento legislativo es grave. Que se sepa que el entonces vicepresidente y actual Presidente y su hijo mayor actuaron corruptamente ayudando a ocultar los negocios sucios de una empresa extranjera es mucho más grave. Pero es aún peor constatar que el máximo órgano de investigación penal de EEUU manipuló las evidencias, para influir en la campaña electoral de 2020.
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