Estos últimos días hemos sido testigos de una serie de acciones, declaraciones, opiniones de un caso que nos conmueve pero que, aparentemente, no nos alarma porque se desata en el huracán de movilizaciones generadas en defensa de una (im)posible candidatura del líder cocalero Evo Morales, quien fuera presidente por 14 años, hasta que un motín policial, derivado en un golpe de Estado consolidado por una sucesión inconstitucional de Jeanine Añez, ahora con una sentencia de 10 años que confirma el hecho, lo obligara a dejar inconcluso su mandato.
El caso denunciado en 2020, por estupro y trata y tráfico de personas, es porque, presuntamente, Evo Morales habría mantenido una relación con una menor de la localidad de Yacuiba, fruto de la cual habría nacido una hija que se encuentra debidamente registrada en el Servicio Civil boliviano y que, además, habría “arreglado” con la familia de la menor esta situación. Caso al que no vamos a entrar en detalles, porque debe seguir su proceso por la vía judicial, como corresponde, pero que lo mencionamos porque está en agenda de las movilizaciones.
Hasta ahora se ha denunciado por todos lados la utilización de las mujeres, porque al final somos las prescindibles cuando se trata de la sobrevivencia (escarmiento) del patriarcado y cuando se trata de debates en “esferas políticas” totalmente desideologizadas. Obviamente estas denuncias no interesan a quienes defienden a ultranza el derecho de apareamiento de hombres mayores con mujeres menores, bajo la excusa de un liderazgo reducido a una candidatura.
Desde hace algunos meses ya hemos sido víctimas de las amenazas de “paralizar al país” planteadas, de manera inconsecuente, por quienes dicen defender la economía de la población más pobre; contradictoriamente, quienes no se pliegan a esas movilizaciones son extorsionados con la amenaza de pago de multas o con quitarles su medio de subsistencia, como es su producción. Además que “paralizar el país” significa paralizar la economía.
Desde este lunes nuevamente estamos en la zozobra de los bloqueos con demandas totalmente ilegítimas como rechazar y archivar el proceso que se sigue contra Evo Morales, reconocer que su candidatura está habilitada y se reconozca el congreso realizado en Lauca Ñ (trópico de Cochabamba), desconocido ya por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) por no haber cumplido requisitos establecidos en el propio Estatuto del MAS-IPSP.
Pero todo esto parece habernos alejado del fondo del problema, el debilitamiento de nuestro Proceso de Cambio, revolución planteada y defendida por las organizaciones sociales ya desde la década de los 90 del siglo pasado. No parece importar lo que podríamos perder después de tanta lucha comprometida, histórica y legítima, que ha refundado el país como plurinacional comunitario, con valores y principios que recuperan el Vivir Bien de nuestras ancestras y ancestros. Parece también que los ahora movilizados se olvidaron de los principios que debe tener un líder revolucionario que más allá de los moralismos judeocristianos por lo menos respete las normas que se aprobaron en su gestión para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes.
Pero, otra cosa que se les olvida es que fue un proceso golpista el que acortó el mandato de Evo Morales y ahora pretenden hacer lo mismo con el gobierno constitucional de Luis Arce.
La impunidad para ellos se ha convertido en el trofeo político en disputa, cuando más bien buscamos eliminarla. Consecuencia con los principios revolucionarios es lo único que debe destacar a un buen líder, lo contrario significa la decadencia política, la interrupción de nuestro Proceso de Cambio y el retorno del neoliberalismo. Esos actores políticos decadentes deben asumir su responsabilidad ante el pueblo boliviano.
Escrito por Verónica Navia.
