En un país donde la ley debería prevalecer sobre los intereses individuales, nos enfrentamos a una cruda realidad: Evo Morales, a pesar de su historial delictivo, busca nuevamente la presidencia.
Esta ambición desmedida no solo refleja una falta de respeto hacia el sistema judicial, sino también una despreocupación alarmante por el bienestar de la población boliviana. La justicia no debe ser objeto de negociación; todos somos iguales ante la ley, y nadie está por encima de ella.
Bolivia se encuentra sumida en un bloqueo nacional que ha generado pérdidas significativas. Se estima que el país pierde aproximadamente 120 millones de dólares diarios debido a esta situación. En apenas cinco días de paro, la afectación económica es cuantiosa, dejando al descubierto las graves consecuencias que enfrentamos. La incapacidad de Morales y sus seguidores para reconocer el daño que están causando es un reflejo de su desinterés por el bienestar común.
Los bloqueos han provocado la retención de más de 10 millones de litros de combustible en cerca de 300 cisternas. Esta escasez de recursos vitales ha puesto en riesgo el abastecimiento de la población, que espera con ansiedad la llegada de 46 millones de litros adicionales de gasolina y diésel. Sin embargo, la situación se complica aún más cuando los responsables de estas movilizaciones condicionan el cese de los bloqueos a la eliminación de los procesos judiciales que pesan sobre el exmandatario. Esta extorsión a la justicia es inaceptable y debe ser denunciada.
La manipulación de la justicia como herramienta política por parte de Evo Morales es una estrategia desesperada que no debe ser tolerada. La población no puede permanecer en silencio ante este abuso. Es fundamental que nos levantemos en defensa de un sistema que debería garantizar igualdad para todos. La ley no es una mera opción que puede ser desestimada según conveniencias; es un pilar esencial para el funcionamiento de cualquier democracia.
La conducta de Morales demuestra una profunda falta de ética. Ignora deliberadamente el sufrimiento que sus acciones provocan en el pueblo, priorizando sus ambiciones personales sobre la estabilidad del país. Esta actitud egoísta no solo afecta la economía, sino que también siembra discordia en la sociedad. La polarización generada por su regreso a la arena política es un grave riesgo que podría comprometer el futuro de Bolivia.
A medida que la situación se torna más crítica, es crucial que el pueblo boliviano exija rendición de cuentas. La justicia debe prevalecer, y es responsabilidad de cada uno de nosotros asegurarnos de que se aplique sin favoritismos. Los procesos judiciales que enfrentan aquellos que han violado la ley deben continuar sin interferencias. La impunidad nunca puede ser una opción.
Es necesario recordar que, en una sociedad justa, las decisiones no pueden ser tomadas a costa del sufrimiento de la población. La responsabilidad recae en quienes buscan restablecer un orden que, en su esencia, debe estar fundamentado en el respeto a la legalidad y los derechos humanos. Evo Morales no puede ser una excepción; su retorno a la política debe ser cuestionado con firmeza.
La voz del pueblo es poderosa, y es momento de alzarla. Debemos unirnos en un grito que resuene en cada rincón de nuestro país: ¡La justicia no se negocia! Rechazamos cualquier intento de soborno a la ley y exigimos que se aplique con rigor a quienes han transgredido sus normas. La historia no debe olvidar que la justicia es un derecho fundamental, y es nuestro deber protegerlo.
Por tanto, la lucha por la justicia debe ser un esfuerzo colectivo. Cada boliviano tiene la responsabilidad de mantener la presión sobre quienes intentan desestabilizar nuestro sistema democrático. La defensa de la justicia y el Estado de derecho es esencial para garantizar un futuro próspero y equitativo para todos los bolivianos. No permitamos que la ambición de unos pocos prevalezca sobre el bienestar de la mayoría.
Así, el llamado es claro: a mantenernos firmes y determinados en la defensa de nuestros derechos y de la justicia. Evo Morales puede intentar regresar, pero la ley debe prevalecer. Cada día que pasa sin justicia es un día más de sufrimiento para el pueblo boliviano. La justicia no se negocia, y la lucha por ella continuará.
Escrito por Miguel Clares.
