La “Asamblea Extraordinaria de la Cruceñidad” —no prevista en ninguna ley—, después de conocer los resultados preliminares del Censo de Población y Vivienda publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que estableció que el departamento de Santa Cruz de la Sierra tiene 3.115.386 habitantes, determinó realizar un paro cívico el viernes 6/septiembre/2024 —y otros absurdos—, porque creían ser más de 4 millones según los cálculos del Instituto Cruceño de Estadísticas (ICE), dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, cuyo gobernador al finalizar los 36 días de paro y bloqueo de 2022 públicamente dijo: “…el censo es el ‘concho’ de su pedido”, demostrando así que no le importada el censo sino sus estrategias golpistas.
Dicho paro dispuesto por los mismos autores intelectuales y materiales del paro de 36 días realizado en Santa Cruz en octubre y noviembre de 2022, que no ganaron nada, pero causó un daño económico de $ 1.400.000 más o menos, que no se pagó hasta el presente, fue rechazado contundentemente por el 99% de los habitantes de dicho departamento pertenecientes a diferentes organizaciones sociales, por ser antidemocrático, injustificado y delictivo. Antidemocrático porque no respeta a la mayoría del pueblo cruceño —gente culta— que repudia dicho paro porque querían obligarle a quedarse en casa contra su voluntad y sin trabajar, porque boicotearon los trabajos del censo, porque 117 condominios y muchos domicilios no abrieron sus puertas para hacerse censar, y porque muchos censistas no censaron por temor a represalias de quienes no querían que se realice el censo; injustificado, porque el Censo de Población y Vivienda fue realizado técnicamente de manera consensuada y transparente, al punto de estar avalado por organismos internacionales que imposibilitan observarlo y rechazarlo diciendo “Nos han robado más de 1 millón de habitantes”, “hubo una omisión de 373.562 habitantes”, sin saber cuánto —supuestamente— se hicieron robar, cómo les robaron, quién les robó, dónde está lo que les robaron, ni señalar qué leyes se habrían violado o incumplido en dicho censo; delictivo, porque los mismos autores referidos volvieron a cometer los delitos de “Instigación publica a delinquir” Art. 130 del Código Penal (CP), “Atentado contra la seguridad de los transportes” Art. 213 CP, “Atentado contra la seguridad de los servicios públicos” Art. 214 CP, “Atentados contra la libertad de enseñanza” Art. 297 CP, “Sabotaje” Art. 232. I. CP, y “Atentados contra la libertad de trabajo” Art. 303 CP —entre otros—, que agravan su situación legal en el proceso por el paro y bloqueo de los 36 días; y porque ninguna ley permite obligar a parar y no trabajar. Por ello nomás, los políticos de la derecha fascista que dispusieron el paro podrían perder en las elecciones de 2025, porque ningún boliviano ni boliviana patriota votaría por ellos.
Dicho paro y bloqueo delictivo, seguramente no se hubiera llevado a cabo si los que lo dispusieron hubieran leído los derechos fundamentales y garantías previstas en la Constitución Política del Estado (CPE), hubieran entendido lo que enseña el Derecho Político, la Ciencia Política, la Doctrina Política y la Sociología Política, hubieran comprendido lo que es EL CONTRATO SOCIAL expuesto por Jean-Jaques Rousseau, y hubieran repasado los Arts. 21. 7) de la CPE, 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y 22. 1) y 2) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que legislan sobre el derecho a la libertad de residencia, permanencia y circulación en todo el territorio boliviano. Por ignorar ello, dicho paro fracasó, porque el 99% de los habitantes de dicho departamento no acató, ni los mismos que dispusieron el paro lo acataron, ya que seguían ejecutando actos desestabilizadores, causando al mismo tiempo un daño económico de Bs. 438.000 por la no recaudación de Vías Bolivia —entre otros—.
Consiguientemente, disponer dicho paro y bloqueo, después de que el expresidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz de la Sierra Zvonko Matkovic hidalgamente dijo: “Ya la gobernación ha sido tomada, ya ese cáncer se nos entró y ya hizo metástasis”, porque su agrupación CREEMOS perdió dicha gobernación, equivale a reconocer que SANTA CRUZ YA ES MASISTA como consecuencia del grito plagado de odio y discriminación ¡Santa Cruz jamás de los jamases va a ser masista! Realidad no aceptada, que al parecer les obligó a ordenar dicho paro, para manipular al pueblo, desestabilizar al Gobierno, y finalmente dar un golpe de Estado para que sus líderes detenidos en las cárceles sean puestos en libertad y luego gobernar como en el gobierno de facto pasado.
Y así, el paro y bloqueo del viernes pasado, fracasó rotundamente, porque no sumaron ni 1 (un) habitante a los 3.115.386 que son, y en el hipotético caso de haberse acatado el paro por el 100% de la población seguirían siendo 3.115.386 de habitantes, y no más de 4 millones. ¿Qué ganaron? ¿Ganaron no pagar los $ 1.400.000 de daño económico por los 36 días de paro?
Escrito por Armando Aquino Huerta.