En principio fue la escasez de gasolina y diésel, luego la carne de res, el arroz, ahora el aceite. ¿Qué más? Obviamente el arma en esta guerra es la especulación, el desabastecimiento de alimentos con el objetivo de desgastar al gobierno de Luis Arce, generando descontento social a través de actores políticos que buscan el enfrentamiento, la violencia y la convulsión social.
El Gobierno ha tomado medidas mediante operativos de control y reuniones con todos quienes integran la cadena productiva del país para evitar un perjuicio de grandes proporciones al pueblo boliviano.
En el caso del aceite, se ha podido demostrar la existencia de este alimento para el consumo del país. El remanente de 2023 es de 57.088 toneladas y la producción de este año es de 400.240 toneladas, la disponibilidad de este producto en Bolivia es de 457.292 toneladas, se destinan 328.609 para la exportación. El consumo interno, al 16 de noviembre de este año, llegó a 75.992 toneladas y hasta el 31 de diciembre se estima un consumo de 12.944 toneladas. La demanda total de aceite es de 417.545 toneladas, el saldo de aceite es de 39.747 toneladas. Estos datos muestran claramente que el consumo de aceite en el país representa menos del 20% de la producción, por lo tanto no debería haber desabastecimiento en el mercado interno.
Existen factores que provocan el agio y la especulación. En esta línea, se identificó que algunos malos productores y comercializadores ocultan el aceite cometiendo agio para hacer subir el precio de este producto, en esta línea, se ha verificado que intermediarios hacen contrabando a la inversa, es decir, llevan alimentos hacia países vecinos para venderlos a precios más altos e incrementar sus ganancias a costa del pueblo que sufre desabastecimiento.
Ante todo esto, el Gobierno conformó el Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y hace gestiones de control y apoyo a sectores para estabilizar sus precios, como el de la carne de res a través de reuniones con todo el eslabón primario de la cadena productiva, además de la leche y otros productos. También se desarrollan operativos permanentes en los centros de abasto, sin embargo falta un mayor apoyo de los municipios. En el caso del aceite, se asumió la determinación de suspender las exportaciones temporales de este producto hasta regular el abastecimiento, primero está el mercado interno y eso es lo correcto.
En estas acciones se logró la aprehensión de cuatro personas en los mercados de La Paz y El Alto por el delito de agio y especulación del aceite. Se encontraron grandes cantidades de este alimento ocultos en galpones. En cuanto al arroz, fueron intervenidos cinco ingenios y se secuestraron 5.600 quintales del grano procesados y más de 40.000 quintales en chala. En Montero se incautó más de un millón de quintales de arroz escondidos en galpones. Se hizo la importación de este cereal para garantizar la demanda de la población en el mercado interno y se hacen operativos en fronteras para evitar el contrabando a la inversa.
A esta guerra se suma el bloqueo en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde los asambleístas han paralizado el tratamiento de diferentes proyectos de ley para créditos externos que van dirigidos a la inversión pública y a la atención de desastres. El bloqueo de las carreteras, generado por grupos radicales buscando aspiraciones políticas personales de poder, ha perjudicado de igual manera la economía de las familias, la economía de pequeños, medianos, grandes productores, empresarios, transportistas, y otros con una pérdida de miles de millones de dólares en lo que va de la gestión. Las operaciones de sabotaje y desabastecimiento de alimentos que no son casuales responden también a una estrategia de desgaste, de debilitamiento a nivel político del Gobierno y terminan afectando a las familias bolivianas.
La Paz/AEP
