La Convención de Belém do Pará representa una herramienta fundamental en la lucha por los derechos humanos de las mujeres en el continente americano.
Al ser el primer instrumento internacional que aborda específicamente el problema de la violencia contra las mujeres, no solo reconoce formalmente el derecho de estas a una vida libre de violencia, sino que también establece la obligación de los Estados de proteger este derecho y brinda la posibilidad de denunciar internacionalmente a aquellos que incumplan con esta responsabilidad.
Uno de los aspectos más significativos de la Convención es su ampliación del concepto tradicional de violencia contra las mujeres, que solía limitarse al ámbito privado, para abarcar también la violencia en la comunidad y la violencia estatal o tolerada por el Estado. Este enfoque multidimensional es crucial para abordar todas las aristas de la violencia de género, desde los estereotipos y sus causas hasta las normas jurídicas y las prácticas administrativas discriminatorias que la reproducen y perpetúan.
La implementación efectiva de la Convención requiere un compromiso integral por parte de los Estados. Esto implica no solo la adopción de medidas legislativas y administrativas, sino también la creación de políticas públicas, programas de prevención y servicios de apoyo para las víctimas. Es esencial que todas estas acciones se apliquen de manera amplia, se supervisen adecuadamente y sean sostenibles en todos los sectores de la sociedad.
La Convención reconoce las diferencias entre las mujeres y cómo estas diferencias pueden llevar a una mayor vulnerabilidad. Por lo tanto, insta a los Estados a que las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres tengan en cuenta estas diferencias, especialmente en el caso de grupos marginados como las mujeres indígenas, migrantes o víctimas de trata.
La creación del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención de Belém do Pará (Mesecvi) ha sido fundamental para garantizar que los Estados rindan cuentas sobre el cumplimiento de la Convención. Este mecanismo proporciona una estructura para la evaluación de los avances realizados y para la implementación de recomendaciones que buscan promover cambios estructurales en pro de una vida libre de violencia.
Además del papel del Mesecvi, el sistema interamericano de Derechos Humanos ha contribuido significativamente al desarrollo de estándares jurídicos y doctrinales para la interpretación de las obligaciones derivadas de la Convención. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sentado jurisprudencia consistente y coherente con la Convención, promoviendo así una mayor protección de los derechos de las mujeres en la Región.
Es fundamental que los Estados demuestren una mayor voluntad política en la lucha por erradicar todos los tipos de violencias mediante la asignación de recursos adecuados, la adopción de leyes integrales y la implementación de políticas y programas efectivos. Además es necesario que se promueva una cultura libre de estereotipos discriminatorios de género y se garantice la plena participación de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
