La política exterior e interior de todo gobierno encuentra su vínculo en las políticas públicas. Se complementan y en lo fundamental están subordinadas por los acuerdos multilaterales de una sociedad hegemonizada por la mundialización del mercado. Es una compleja y heredada dualidad, que afecta a los diversos gobiernos progresistas que recorren el continente.
Proponerse cambios internos por la vía de reformas transformadoras requiere contar con una política exterior capaz de confrontar con inteligencia esas presiones dominantes. En las democracias de excepción sufridas en el continente, las cancillerías se centraban en diplomacias limitadas a las relaciones plurales entre los Estados y no siempre a cumplir los tratados internacionales. Sus gestiones, cargadas de formalidades no exentas de hipocresías al interpretar el Derecho Internacional, priorizaban difusos acuerdos comerciales que poco se comprometían con el beneficio de sus ciudadanos.
Por eso, las políticas internacionales elaboradas con y por la gente comprometida con los cambios son el principal soporte para lograrlos. Sus posibilidades de éxito y continuidad tendrán mucho que ver con la construcción de estrategias políticas internacionales más allá de la diplomacia; dirigidas a integrar políticas, economías, finanzas y culturas con países hermanos, y así articular las ventajas comparativas de cada país.
En el caso de Colombia, la guía son los discursos globalizadores realizados por el Presidente y la Vicepresidenta, que son tarea de los equipos de gobierno y partidos que apoyan su programa, para profundizarlos y aplicarlos a los contextos concretos. Objetivo para el que no fueron formados la mayoría de los funcionarios de carrera de la Cancillería, entre los que muy poco o nada se ven indígenas y afrodescendientes. Menos aún puede quedar esa responsabilidad en manos de la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales encabezada por los expresidentes.
Es de pensar que las reformas en curso han encontrado referencias en casos similares de otros países, por lo que su sustentación y defensa deberían incluir ejemplos de funcionamientos exitosos. También se requiere conocer los avances y dificultades encontrados al confrontar la regresión privatista de las políticas públicas, pues de la mano de ellas se comprenderán mejor los determinantes de la mercantilización de los derechos sociales. Y en esto no hay que olvidar las experiencias integradoras de políticas de salud, educación, medioambiente y otros derechos, que se avanzaron en los espacios de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), hoy trasladables a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Colombia vive un momento álgido, marcado por los esfuerzos para lograr la aprobación parlamentaria de reformas votadas por las mayorías, que se combina con los preámbulos electorales que definirán las gobernabilidades y gobernanzas de los entes territoriales. Y son las enseñanzas de la política internacional, en particular las fronterizas, las que recuerdan que ningún país por sí solo podrá abordar y sostener los cambios necesarios para superar la subordinación y expoliación internacional dominante. De allí la importancia de impulsar, como política pública, eventos latinoamericanos y caribeños integradores, que cuenten con la participación creativa de la sociedad civil democrática y popular.
Si la “utopística” es el camino para construir una utopía, en este caso basada en la ampliación del ordenamiento constitucional, parte de su estrategia pasa por una política internacional construida desde los territorios y articulada con todas las instancias de gobierno. La que se deberá ocupar de democratizar las disimuladas barreras de acceso a la Academia Diplomática de la Cancillería y actualizar los contenidos de la formación de sus funcionarios, para así elevar sus aportes a esta causa integracionista.
