Las alas radicales de izquierda y derecha critican férreamente la restitución ejercida por el presidente Luis Arce Catacora del Ministro de Gobierno tras su censura en la Asamblea Legislativa Plurinacional, olvidándose que a su turno tanto Morales como Añez restituyeron a varios ministros censurados.
Estas alas radicales amparadas en la anterior CPE republicana lograron la restitución del cargo a ministros, en algunos casos de manera justa, como el de Andrés Soliz Rada (2006), un auténtico defensor de los recursos naturales, quien fue presionado por sus mismos colegas de gobierno para apoyar una nacionalización chuta del petróleo, posteriormente también fueron censurados los ministros Quintana y Choquehuanca, los que fueron ratificados en sus cargos.
El cumplimiento de la Constitución Política de un Estado es legítimo en todas las circunstancias y en todos los países donde existe una Constitución como la norma fundamental que establece la estructura del Gobierno, los derechos, las libertades de los ciudadanos y las reglas para el funcionamiento del sistema político. La Nueva CPE, aprobada por el voto popular a través de un referéndum por amplia mayoría, establece desde 2009 el marco jurídico dentro del cual se deben tomar decisiones y acciones.
Quienes hoy critican un aparente incumplimiento de la Constitución tras la reposición al cargo ministerial no tienen suficiente moral para sindicar una falta a la norma. La llamada ala radical no es otra cosa que el entorno del expresidente Juan Evo Morales Ayma, que con el afán de prorrogarse indefinidamente en su cargo se burló del mandato del pueblo, que en un referéndum ratificó el mandato constitucional de la reelección por una única vez, forzando la figura de la elección como derecho humano.
Durante su mandato transitorio en marzo de 2020, la expresidenta Jeanine Añez llevó a cabo una acción aparentemente similar, desoyendo la sanción del primer órgano del Estado y la destitución ejemplar de los ministros de Gobierno y de Defensa. La Asamblea Legislativa promulgó rápidamente la Ley 1350 en septiembre de 2020 para regular específicamente los efectos de esta censura. Sin embargo, en abril de 2023, el Tribunal Constitucional emitió la Sentencia Constitucional Plurinacional (SCP) 20/2023, anulando el artículo 4 de dicha ley (relacionado con la imposibilidad de designación) y otro párrafo vinculado a posibles cargos por incumplimiento de deberes. Además, el tribunal instó a la Asamblea Legislativa a establecer una regulación adecuada para abordar estos efectos.
Posteriormente, el mandatario Arce, en cumplimiento de la exigencia realizada por la SCP, presentó su proyecto de Ley 350/2023 en abril. Sin embargo, este proyecto aún no ha sido revisado y aprobado por la Asamblea Legislativa, misma que no le dio la celeridad correspondiente, y, como dice el refrán, el que calla otorga. Este proyecto propone que un ministro censurado no pueda ser restituido en el mismo cargo durante el mismo periodo constitucional y establece la obligación de informar sobre los cambios en la política del ministro afectado. En su justificación, se argumenta que esta medida busca salvaguardar la función fiscalizadora efectiva de la Asamblea Legislativa y la independencia de poderes. El poder legislativo tuvo demasiado tiempo para realizar su trabajo y no lo hizo, por lo que sabía que cualquier censura iba a quedar en el aire.
Ocurrió así con la reciente censura por parte de la Asamblea Legislativa en relación con el contrabando de vehículos robados de Chile a Bolivia y los turbios propósitos detrás de estos actos. El Jefe de Estado tomó la decisión de destituir al Ministro de Gobierno. Sin embargo, como era de esperar, lo designó nuevamente en el mismo cargo, basándose en el artículo 172, numeral 22 de la Constitución Política del Estado, que le otorga la facultad de nombrar ministros.
El cumplimiento de la Constitución es esencial para mantener la estabilidad política y social de un país, así como para proteger los derechos y las libertades de los ciudadanos. Cuando los funcionarios gubernamentales y los ciudadanos en general cumplen con las disposiciones de la Constitución, se asegura el respeto al Estado de derecho y se promueve un gobierno justo y equitativo.
Tanto el ala radical al violar la Constitución como la derecha que propone retornar a la Constitución republicana retrógrada no tienen legitimidad moral para establecer que se ha violado la Constitución. Un parlamentario debería dominar la legislación boliviana, sin embargo, han surgido críticas sin fundamento que señalan una ausencia de respaldo constitucional, cuando el artículo 172, numeral 16, señala con claridad: “Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley:... Preservar la seguridad y la defensa del Estado”.
Está claro que los brazos operativos del presidente Arce, en cuanto a la defensa y seguridad del Estado, son el Ministro de Defensa y el Ministro de Gobierno, que se encarga de la seguridad interna del Estado (con la finalidad de evitar la anarquía y el caos que lleven a un estado de excepción que también es tuición presidencial, según el art. 137). Desde ese punto de vista, el gobierno de Añez, si es que fue constitucional, tuvo un acierto al reponer en el cargo a sus ministros de Defensa y de Gobierno, pero violó la Constitución cuando restituyó en el cargo a su ministro de Educación, Víctor Hugo Cárdenas, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada.
El proyecto de Ley 350 22-23 debería haber incluido como preámbulo esta aclaración excepcional en cumplimiento a la CPE; no está reglamentado el artículo 158, numeral 18, que hoy se evidencia con vacíos legales. Este indica lo siguiente: “Interpelar, a iniciativa de cualquier asambleísta, a las Ministras o los Ministros de Estado, individual o colectivamente, y acordar la censura por dos tercios de los miembros de la Asamblea. La interpelación podrá ser promovida por cualquiera de las Cámaras. La censura implicará la destitución de la Ministra o del Ministro”.
En esta parte es importante interpelar el carácter moral de los enemigos de la Constitución que son el ala radical y la extrema derecha, que coinciden en los hechos en aplicar lo dictado por la anterior Constitución republicana del 85, misma que indica: “Artículo 70º. III). La censura tiene por finalidad la modificación de las políticas y del procedimiento impugnados, e implica la renuncia del o de los Ministros censurados, la misma que podrá ser aceptada o rechazada por el Presidente de la República.”
Lo paradójico está en que los otrora ministros de Morales, incapaces de conjurar el golpe fraguado por Camacho, Pumari, Añez y otros, hoy descargan toda su artillería en contra del ministro Del Castillo, quien sí fue capaz de encarcelar a parte de los golpistas y realizar una lucha esforzada contra el narcotráfico.
El ataque del ala evista evidentemente desarrolla una estrategia de romper con el gobierno de Arce, indicando que el MAS no gobierna, para de esta manera tener libre el camino para que, en su próximo congreso partidario, sin funcionarios públicos, elijan como candidato al deslegitimado caudillo Morales. Lo triste es que ir divididos a las elecciones, parafraseando a García Márquez, se convertiría en una crónica de una muerte anunciada si es que no se da un giro estratégico en este medio tiempo.
