Mentira es la “Expresión o manifestación contraria a lo que se sabe, se cree o piensa”, conforme define el Diccionario de la lengua española, relacionada a los gritos de “persecución política”, “rechazo al paquetazo de leyes”, “paros”, “rearticular el comité interinstitucional”, y nuevos conflictos políticos, comunicados por los denunciados citados para declarar ante el Ministerio Público por los 36 días de paro en Santa Cruz; muestra inequívocamente actos desestabilizadores —golpe de Estado— contra el gobierno constitucional y legítimo de Luis Arce Catacora, con la finalidad de quedar impunes por los delitos que cometieron en dicho paro, antes y después.
Los golpistas de la derecha fascista, durante el golpe de Estado de 2019 y gobierno de facto de Jeanine Añez, gritaban las mentiras de: “fraude electoral”, “persecución política”, “fraude monumental”, “entre ellos se han matado” —entre otras—, y “Censo para el 2023 sí o sí” y otras, durante los 36 días de paro referidos, para finalmente gritar “El censo era el concho del paro”; todo para desinformar al pueblo, desestabilizar al gobierno legítimo, y ser impunes.
Con esas mentiras publicitadas a diestra y siniestra, los golpistas se acorralaron irremediablemente, porque no las probaron y nunca podrán probarlas ante ningún tribunal; al igual que los proyectos de Ley 280, 304 y 305 suspendidos, que no violan los derechos del pueblo trabajador y hombres de bien, que ganan el pan del día honestamente con el sudor de su frente; consiguientemente, resulta claro que dichos gritos mentirosos que alguien les hacer gritar, están destinados a dar un golpe de Estado para ser impunes, creyendo —alguien les hizo creer— que con el derecho a la protesta se puede cometer delitos de día y de noche, por ello, siguen mintiendo, cometiendo más delitos y trazando su camino a la cárcel cual arquitectos de su propio destino, desconociendo que en toda sociedad jurídica y políticamente organizada se construyen cárceles para los delincuentes por ser un peligro para la sociedad.
El derecho a la protesta no quiere decir que los delincuentes no tengan que responder a las víctimas por los daños y perjuicios que les causaron; tampoco quiere decir que el daño económico de más o menos $us 140 millones causados a millones de bolivianos y al Estado —víctimas—, durante los 36 días de paro, no pagarán los responsables de dicho paro. Al contrario, por imperio de los arts. 14, 41 y 60 de la Ley 1970 los autores de los delitos cometidos en el mentado paro están obligados a responder y pagar los daños y perjuicios, y ya debería anotarse preventivamente sus bienes; porque no hay ley que diga: nadie responderá por dichos daños.
Todas esas mentiras, los paros del magisterio, las amenazas de los gremiales, las movilizaciones de la UAGRM —como si los universitarios no tuvieran criterio personal—, y las críticas infundadas al proceso de reactivación económica emprendida por el Gobierno central, ignoran que el capitalismo y el dólar mueren lentamente, y el BRICS —compuesto por Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y otros por países por aliarse— se impone en la política económica mundial, haciendo caer al dólar de EEUU para que el imperio deje de imperar e imponer sanciones; realidad que muestra que tales mentiras no son virtudes, genialidades, salidas magistrales, ni soluciones finales, sino vileza plagada de hipocresía y cinismo, para dar un nuevo golpe de Estado y lograr la impunidad de los golpistas.
Tal estado de cosas y su desesperación por ser impunes muestra que los golpistas le tienen miedo al pueblo, que ya no cree sus mentiras, pese a que publicitan los gritos revolucionarios de la izquierda: “El pueblo jamás será vencido”, “Recuperar la democracia” y “Contra el gobierno dictador”, utilizando a gente humilde, hombres con poncho y mujeres de pollera; convirtiéndose en una curiosa derecha populista destinada al fracaso, por ser el 5% del pueblo boliviano.
Por ello, por la democracia, por el bien común y la Patria, debe sancionarse ejemplarmente la mentira, los actos desestabilizadores, y evitar la impunidad; aplicando las leyes en estricta justicia, para evitar que los millones de bolivianas y bolivianos no sean más víctimas de mentiras, asesinatos, masacres, ni detenciones arbitrarias, y las arcas del Estado no sean desfalcadas.
