Nuestra historia republicana fue una larga sucesión de golpes de Estado: militares y/o civiles-militares, con cortos periodos democráticos. Durante esos gobiernos de facto hubo masacres, muertes, asesinatos, exilios de personas consideradas opositoras a su régimen.
Todas esas violaciones hacia la vida de las personas quedaron impunes hasta el juicio de responsabilidades a Luis García Meza (1983-1993) por el golpe de Estado que propició (1980-1981) y el luto que causó entre las familias bolivianas durante su gobierno. Sancionar a los responsables nos permitió gozar de 37 años de democracia (1982-2019) que fue truncada con el golpe de Estado de 2019.
Antecedentes
Nuestro primer texto constitucional (1826) fue redactado por Simón Bolívar, adoptado por el Congreso General Constituyente de la República y promulgado por Antonio José de Sucre (presidente electo). Preveía presidencia vitalicia y el derecho del presidente a designar a su sucesor. No llegó a entrar en vigencia plena por divergencias entre el poder político de entonces y el Mariscal Sucre.
En agosto de 1831 se aprobó nuestra segunda Constitución, sancionada por la Asamblea General Constituyente y promulgada por Andrés de Santa Cruz y Calahumana, durante su presidencia (constitucional). Incorpora la elección del presidente por un periodo de cuatro años, pudiendo ser reelecto. Los nuevos textos constitucionales del siglo XIX se basaron en esta norma que plantea un gobierno republicano democrático y presidencialista (opuesto al parlamentario europeo).
Una reseña de nuestras constituciones nos muestra que asambleas, congresos y convenciones fueron utilizados como mecanismos para reformar el contenido de la Carta Magna; que cada texto constitucional responde a un tiempo y momento político; y que todas las Constituciones cuentan con procedimientos dilatorios para cambiarla.
La Asamblea de 1826 ejerció el poder constituyente “originario” para la creación de la nueva República, puesto que no estuvo sometida a normas preexistentes. La Asamblea Constituyente de 2006 a 2009 —única en la historia de Bolivia, porque es resultante de un proceso electoral (julio de 2006)— dio origen al Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, mediante la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en el referéndum del 25 de enero de 2009 y promulgada el 7 de febrero de 2009, dejando atrás el Estado Republicano y fundando el Estado Plurinacional.
Ambas Asambleas son momentos constitutivos, la de 1826 que crea la República, y la de 2006-2009 que funda el Estado Plurinacional.
Punto de quiebre
Uno de los pedidos de la población durante la Guerra del Gas (2003) fue: Asamblea Constituyente. Asumido en el gobierno (2006), Evo Morales convocó a elecciones para la Asamblea Constituyente, realizadas el 2 de julio de 2006. Los partidos políticos conservadores no aceptaron la amplia mayoría masista en la Asamblea Constituyente, cuyo resultado fue: 137 asambleístas para el MAS, y 118 asambleístas para 15 partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, sumando un total de 255 asambleístas. El proceso constituyente (2006-2009) fue sumamente duro, sesionó en Sucre y concluyó en Oruro.
Los cambios permanentes en las 18 constituciones anteriores a la actual tienen que ver fundamentalmente con “la duración del mandato presidencial”, que varía desde vitalicio, disminuye hasta cuatro años, luego sube a cinco años.
En la Asamblea Constituyente que da origen a la actual Constitución, el punto crucial de discusión fue la “reelección indefinida” planteada por la bancada mayoritaria masista, y ampliamente resistida por la reducida representación de la oposición, que utilizó medios externos a la Asamblea Constituyente, para luego “a fin de pacificar el país” eliminar el artículo pertinente a la “reelección indefinida” (aprobada en la Asamblea Constituyente) en el Congreso Nacional que “no tenía facultades constituyentes”.
Ese punto de quiebre, de imposición de las minorías a las mayorías, es el que prevaleció para el golpe de Estado de 2019.
Golpe de estado de 2019
El nuevo Estado Plurinacional fundado en 2009 continúa interpelado por los protagonistas del golpe de Estado de 2019, que añoran retornar a la República, para este su cometido, saliendo victoriosos del “punto de quiebre”, empezaron a urdir mentiras (caso “Zapata”) con las que ganaron el referéndum del 21 de febrero de 2016 con 2,6% (51,30%- 48,70%). El resultado de este referéndum, renombrado como “21F”, englobó el discurso opositor al MAS, sosteniendo que se violaba la Constitución al no acatar sus resultados y fue la consigna de acumulación política de lo que se conoció como el movimiento “pitita”.
Como las mentiras les resultaron efectivas, para las elecciones de 2019 construyeron la narrativa de “fraude electoral” (con bastante anticipación), desconocieron el triunfo electoral de Evo Morales en las elecciones de 2019, quien ganó con 10,57% de diferencia a su favor (47,08%-36,51%) en la primera vuelta electoral.
Las nuevas formas de golpe de Estado ya no son dirigidas por militares, se sustentan en narrativas falsas (fake news), o mediante procesos judiciales —políticos— falsos (impeachment), cuentan con participación civil, apoyados por las fuerzas de represión: militares y policías.
En el golpe de Estado de 2019 en Bolivia, apoyados en el “Informe Preliminar” —antes de la conclusión del recuento de votos— de la Misión de Observación Electoral de la OEA (Organización de Estados Americanos) —cuya composición fue cambiada por miembros que garantizarían el discurso de “fraude electoral”—, los denominados “pititas” se movilizaron bajo la consigna de “fraude electoral”, los militares pidieron la dimisión de Evo Morales, los policías se amotinaron, a esto se sumó la solicitud de renuncia del ejecutivo de la COB (Central Obrera Boliviana), que por estatutos le corresponde a la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia) y que luego apareció apoyando al gobierno de facto de Jeanine Añez (2019-2020).
Hasta la fecha quedan pendientes de justicia las masacres de: Senkata, Sacaba, Pedregal y las violaciones en sus derechos a miles de masistas y a los sindicados de serlo, acaecidos durante el régimen de facto resultante del golpe de Estado de 2019, violaciones señaladas en el Informe final del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) de 2021.
Claudia Miranda Díaz es economista.
