La noche del domingo, Unitel publicó la primera encuesta autorizada de las elecciones generales, siendo ordenadas las tres preferencias presidenciables en: Samuel Doria Medina con 19.1%, Jorge Quiroga con 18.4% y Andrónico Rodríguez con 14.2%.
Se confirma así la posibilidad cierta de que dos candidatos derechistas puedan pasar a segunda vuelta. Aunque la figura de Rodríguez acecha y la maquinaria electoral del Movimiento Al Socialismo (MAS) está por activarse aún.
Sin embargo, la derecha no escatima en trazar planes e invertir dinero que le permita controlar todos los escenarios posibles y recuperar así el poder en Bolivia, para dar paso a una arremetida neoliberal en un contexto regional que evalúa favorable. ¡Es ahora o nunca la estocada final al Proceso de Cambio!
Plan A: fraude
En una entrevista en el programa televisivo No Mentirás, el empresario Marcelo Claure dijo: “¿Sabes qué me da eso y que no me da todo el dinero del mundo? La satisfacción de hacer algo por mi país… ¿Cómo vamos a ayudar para que en estas elecciones haya un control electoral y no haya fraude? Ese es mi próximo proyecto. Esta mañana tengo la suerte de conversar con María Corina Machado, que me va contando un poco cuál es el modelo que ha usado para tener ese control electoral” en Venezuela.
En efecto, en caso de no obtener los resultados esperados en primera vuelta, la fraudulenta derecha gritará “fraude”. Para eso, como señala Claure, preparan un “conteo paralelo” al del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y “a lo Machado en Venezuela” presentarán actas falsas, al tiempo de activar el reconocimiento internacional –Organización de Estados Americanos (OEA) incluida– y precipitar enfrentamientos violentos en el eje troncal, con su esperada cuota de muertos.
Las claves que juegan a favor de este plan, que han venido trabajando detalladamente en estos meses, son: 1) acusar judicialización del proceso electoral e incumplimiento al TSE (pese a que ya inhabilitaron a Morales, que la candidatura de Rodríguez está en vilo y que el MAS y Del Castillo están sujetos día y noche a “fuego amigo”); 2) acusar manipulación del conteo por parte del Gobierno y el MAS; 3) falta de legitimidad del padrón; y 4) irregularidades de origen en cuanto al voto en el exterior.
Y entonces cabe preguntarse, ¿en un escenario así cómo actuará el oficialismo y el campo nacional-popular?
Plan B: impedir elecciones
En las últimas semanas los pedidos de renuncia al presidente Luis Arce desde el evismo han ido en aumento. La ecuación es básica, aunque no muy clara: renuncia Arce (¿y luego el vicepresidente David Choquehuanca?; sucesión constitucional y asume Andrónico Rodríguez; llamado a un nuevo proceso electoral previa habilitación de Evo Morales.
En ese contexto, casi a diario repite el acaudalado abogado evista Wilfredo Chávez: “Varios sectores se han movilizado y ha adicionado, han pedido el tema económico y la renuncia del presidente Arce”.
Lo sigue el dirigente evista Isaac Ávalos: “No creo que vaya a haber elecciones, porque lamentablemente el Gobierno se empecinó en no dejarlo a Evo, no puede ser que unos sean candidatos y otros no (…). El Gobierno nacional y el Tribunal Electoral son responsables y culpables de lo que vaya a suceder de aquí para adelante”.
Como dice el refrán: “Nadie sabe para quién trabaja”.
El Plan B de la burguesía consiste en eso: mantener latente y a la mano la alternativa de cancelar las elecciones si en las próximas semanas los números no le son amigables.
¿El peligro? Se servirían de las declaraciones, movilizaciones y el accionar del evismo para convencer a la ciudadanía que el ejercicio se suspendió debido a las peleas entre “masistas” e “izquierdistas” que impiden el ejercicio libre de la democracia. La culpa, obviamente, recaería en el Ejecutivo y con fuerza acumulada previamente se harían cargo de copar el nuevo gobierno transitorio, que en tres meses se encargaría de “limpiar” las listas de candidatos a presentarse en los próximos comicios.
Allí yace la diferencia sustancial entre unos y otros: mientras que el evismo cree que, vía Andrónico Rodríguez, podrá incidir en un eventual gobierno transitorio; la derecha tiene la certeza de que cuenta con apoyo ciudadano y suficiente respaldo internacional para ella tomar las riendas del poder.
Ahora vale la pena que nos preguntemos: ¿Qué hace suponer que derrocando al gobierno de Arce en su recta final se dará paso a una alternativa nacional-popular radical? ¿Cuál es la real correlaciones de fuerzas en el campo político actual?
Plan C: carta militar
Es la apetecida por la derecha, su preferida. Y cuenta con suficiente experiencia histórica para imponerla: ¡militares a las calles!, ¡militares al poder!
Esta opción se baraja tanto para un escenario de suspensión de elecciones en el que no se hagan del gobierno transitorio; como después de los comicios y tras cantar “fraude” al prever una derrota en segunda vuelta.
La mayor fortaleza está en el sabido descontento que hay al interior de las Fuerzas Armadas tras el apresamiento y enjuiciamiento de más de una treintena de oficiales –entre ellos el excomandante en jefe del Ejército, J.J. Zúñiga, y los altos mandos de las tres ramas– luego de la aventura golpista del 26 de junio de 2024.
La trama comenzó a enredarse el sábado pasado al ser asesinado a balazos el coronel Juan Javier Soliz Cáceres, comandante del Regimiento Manchego Ranger de Montero, luego de sostener una reunión virtual con el Alto Mando del Ejército.
Así las cosas… pareciera que solo bastara una señal y una “luz verde” del Pentágono para que las patronales y los militares se inclinen por esta opción.
El neoliberalismo rumbo al poder
Los planes mencionados tienen un denominador común: Estados Unidos, cuya administración de Trump apetece el litio boliviano.
Solo así se puede comprender el intervencionismo insistente del “dueño” del Bolívar o la reciente iniciativa de Bolivia 360 y el Grupo Claure de reunir a la oposición en la ciudad de Boston, en el foro “Bolivia360 Day”, llevado a cabo en la Universidad de Harvard, al cual asistieron Manfred Reyes Villa, Samuel Doria Medina, Eva Copa, José Luis Lupo, Juan Pablo Velasco y Jaime Dunn, entre otros.
También podemos entender que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, haya abogado por destinar fondos para “ayudar a Bolivia”, en montos superiores al millón y medio de dólares, a ser canalizados por fundaciones u ONG fachadas dependientes de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), como la Fundación Construir, muy activa en cuanto al Plan A y en participar “neutralmente” con plataformas de conteo de votos paralelas al TSE, o sea, protagonistas del más que posible grito de “fraude”.
Una vez más volvemos a preguntarnos, ¿en un escenario como el descrito cómo actuará el oficialismo y el campo nacional-popular?
Por: Helena Paz/
