Aunque está en prisión desde 2016, la vinculan con las protestas en Jujuy en contra del gobernador Morales.
La policía de la ciudad argentina de San Salvador de Jujuy, dirigida por el gobernador Gerardo Morales, allanó ayer la casa de la líder indígena Milagro Sala, presa desde 2016 por motivos políticos vinculados a ese funcionario.
La orden para requisar la propiedad de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru fue dictada por el juez Rodolfo Fernández, con intervención del fiscal Diego Funes, “en el marco de la causa que investiga la comisión de delitos por las manifestaciones en Jujuy de los últimos días”, informa el periódico Página/12.
El diario recuerda que la también activista política y social está encarcelada hace unos 2.700 días, desde su detención inicial en 2006 y subsiguientes procesos judiciales, por denuncias del gobernador provincial Gerardo Morales, cuya represión extrema agravó las manifestaciones iniciadas el 5 de junio.
Agentes que responden a esa autoridad tomaron dinero, computadoras personales y teléfonos móviles, entre otros objetos y “le dieron vuelta a toda la casa”, denunció ante Página/12 el dirigente de la entidad barrial Tupac Amaru, Alejandro Coco Garfagnini.
Los uniformados aplicaron procedimientos violentos (lo cual confirman varios videos) en todos los cuartos de la vivienda, comprendido el que usa para guardar el estricto reposo recomendado por los médicos el esposo de Sala, Raúl Noro, quien fue enviado a su domicilio porque está en situación terminal.
Luego del comienzo de las actuales movilizaciones el 5 de junio, Sala fue acusada de estar vinculada a ellas por el gobernador Morales, pese a serle imposible por su estado de reclusión, aunque aun así fue blanco de decisiones judiciales irregulares.
Las medidas contra la líder indígena, condenada en diciembre de 2016 a tres años de prisión luego de una protesta contra Morales en la que no participó, comprendieron la presencia en su vivienda de dos jueces y un fiscal, quienes le revisaron su teléfono celular sin mostrar ninguna orden judicial.
Medios locales afirman que la actuación judicial contra el hogar de Sala forma parte de la estrategia de hostigamiento de las autoridades locales aplicada en los últimos días como represalia contra los participantes de las masivas movilizaciones iniciadas a principios de junio.
Los mismos equipos policiales que reprimieron las protestas de docentes, comunidades indígenas, personal médico y otros gremios opuestos a la cuestionada reforma constitucional en esa provincia irrumpen ahora contra los domicilios de esas personas movilizadas en las últimas dos semanas, subraya Página/12.
