Dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada están en la mira.
El Gobierno de México anunció ayer que fueron identificadas ocho personas que serían responsables de la tragedia por el incendio del lunes en un centro de detención de migrantes, en Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, donde murieron 39 individuos.
Según informó en una rueda de prensa la fiscal en materia de derechos humanos, Sara Irene Herrerías, en el transcurso de ayer “serán solicitadas las órdenes de aprehensión para los probables responsables” de la tragedia.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo ante los medios locales que los sospechosos son “dos agentes federales, un agente estatal de migración, así como cinco elementos de la empresa de seguridad privada” que opera en el albergue del Instituto Nacional de Migración (INM). Además adelantó que por los hechos la compañía será investigada y ya no podrá dar servicio en México.
La funcionaria del Gobierno reprobó “la mala actuación de servidores públicos” y aseguró que “no se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie”. Además afirmó que, de comprobarse que hubo violaciones de derechos humanos, los responsables “serán castigados”.
Rodríguez indicó que el expediente de investigación se abrió por el delito de homicidio y daño en propiedad ajena; aunque, aclaró, con el avance de las pesquisas probablemente se incluyan otros posibles delitos como el de abuso de autoridad o malos tratos.
“Todos los servidores públicos debemos de actuar con ética y humanismo, es inaceptable aquellas acciones que no den trato humano a los migrantes, entonces es un homicidio doloso”, manifestó.
Según la fiscal Herrerías Guerra, del análisis de las pruebas recabadas hasta el momento se desprende que “ninguno de los servidores públicos, ni de los policías de seguridad privada hicieron alguna acción para abrirles la puerta a los migrantes que se encontraban adentro con el fuego”.
Herrerías señaló también que el incidente se inició cuando un grupo pequeño de migrantes, en protesta por su detención y una posible deportación, “empieza a destruir y luego a acumular las colchonetas para prender fuego”.
En ese sentido, la fiscal especializada de la FGR adelantó que se solicitará una orden de aprehensión contra una persona migrante, la cual, aseguró, se encuentra localizable.
Asimismo, de acuerdo con algunas entrevistas a testigos del incidente, las autoridades indagan si la protesta también se habría originado porque a los migrantes no se les dio agua potable durante varias horas.
Herrerías dijo que se lleva adelante un proceso para que los cuerpos sean repatriados a sus países de origen; aunque aún resta el reconocimiento de los fallecidos por parte de familiares.
