Los convocados están obligados a presentarse en la comisión para proporcionar información.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los actos golpistas del 8 de enero en esta capital aprobó ayer la convocatoria para que declaren los aliados del expresidente brasileño Jair Bolsonaro.
En tal sentido, mencionó al teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Órdenes de Bolsonaro, y Anderson Torres, exministro de Justicia y exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal.
Sin embargo, la junta decidió por ahora no llamar al general Marco Edson Gonçalves Días, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional de la Presidencia (GSI), y a Ricardo Cappelli, secretario ejecutivo de ese órgano.
Los convocados están obligados a presentarse en la comisión para proporcionar información. Los investigados también tienen el derecho de rechazar la participación. Aún no hay fecha para las audiencias con Cid y Torres.
Otros nombres relacionados con el exgobernante también tenían convocatoria aprobada por el colegio legislativo, como el general Walter Souza Braga Netto, exministro de Defensa y excandidato a vicepresidente, y Augusto Heleno, exministro jefe del GSI.
Además, Bolsonaro resulta objeto de solicitud de citación, pero, por acuerdo, no fue mencionado en este primer encuentro del grupo.
El único nombre vinculado al actual gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, invitado a hablar en la CPI, es Flávio Dino, ministro de Justicia y Seguridad Pública.
Los requerimientos aprobados solicitan que sean remitidos a la junta los informes enviados por la Agencia Brasileña de Inteligencia a los órganos del Gobierno sobre los riesgos de la manifestación del 8 de enero.
El colegiado también pide el envío de archivos e imágenes, internas y externas, del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal (STF), los palacios del Planalto (sede del Poder Ejecutivo) e Itamaraty (de la Cancillería) y del Ministerio de Justicia.
La semana pasada, la CPI, con 16 diputados y 16 senadores titulares, aprobó el plan de trabajo y tiene 180 días para investigar las embestidas contra las sedes de los tres poderes.
El grupo parlamentario de indagación podrá elevar sus resultados ante la Fiscalía General, con el fin de aportar pruebas al proceso.
