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Presidente electo de Guatemala denuncia plan 'golpista' para impedirle asumir el cargo

“Hay un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar el resultado de la segunda vuelta”, dijo Arévalo.

El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró esta semana que el país centroamericano vive actualmente un "golpe de Estado", orquestado con el objetivo de impedir su investidura y la de su partido político el próximo 14 de enero.

En rueda de prensa junto a su vicepresidenta, Karin Herrera, el diputado electo acusó a la fiscal general, Consuelo Porras, de ser una de las principales promotoras del "golpe de Estado". El socialdemócrata Bernardo Arévalo denunció el viernes, tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones, el 20 de agosto.

“Hay un grupo de políticos y funcionarios corruptos que se niegan a aceptar el resultado de la segunda vuelta y que han puesto en marcha un plan para romper el orden constitucional y violar la democracia”, dijo Arévalo, cuatro días después de que la Justicia inhabilitara a su partido.

“Estamos viendo un golpe de estado en marcha”, afirmó el candidato durante una conferencia de prensa. Hijo de un expresidente, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 58% de los votos, prometiendo luchar contra la corrupción, una enfermedad endémica en el país.

Su victoria se atribuye fácilmente a la esperanza de cambio que surgió en un país sumido en la pobreza, la violencia y la corrupción, que impulsan a miles de guatemaltecos a emigrar cada año. Pero su llegada al poder alarmó a la élite política y empresarial, acusada de corrupción.

“Estamos viendo un golpe de Estado en curso, en el que se utiliza el aparato de justicia para violar la justicia, burlando la voluntad popular libremente expresada en las urnas el 20 de agosto”, denunció Arévalo.

“Estas acciones constituyen un golpe de Estado, que es impulsado desde el interior de las instituciones que deben garantizar la justicia en nuestro país, encabezadas por la fiscal general, Consuelo Porras, por el fiscal Rafael Curruchiche y por el juez Fredy Orellana, así como la junta directiva del Congreso y otros actores corruptos y antidemocráticos”, añadió.


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