Además, los contratos bolivianos incluyen cláusulas de transferencia tecnológica, que buscan capacitar a los bolivianos y asegurar que las plantas sean de propiedad nacional.
Mientras Chile y Argentina entregan a empresas privadas la explotación del litio a través de concesiones, que otorgan derechos de propiedad y control sobre el recurso, Bolivia aplica un modelo basado en contratos de servicio, donde el Estado mantiene la propiedad absoluta y solo contrata a las empresas para tareas específicas de industrialización. Esta diferencia, respaldada por la Constitución y la política del gobierno de Luis Arce, garantiza la soberanía nacional sobre el estratégico recurso, afirmó Pablo Nina, gerente legal de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB).
“Chile maneja CEOL (contratos especiales de operación de litio), que son contratos especiales. Sin embargo, han tenido complicaciones con la adjudicación de estos contratos debido a las condiciones económicas. Por ejemplo, hemos hecho un sondeo y las regalías son básicamente del 3%. En Argentina, el modelo también es diferente porque se basa más en concesiones. No- sotros, en cambio, tenemos una cláusula de no otorgamiento de derechos de propiedad sobre los recursos naturales, cumpliendo con la Constitución”, afirmó Nina en el programa Dialogando con el pueblo, del sistema de las Radios de los Pueblos Origina- rios (RPO).
CONTRATOS VS. CONCESIONES
El Código de Minería de Argentina (Ley 24.585) establece que los minerales metálicos, incluido el litio, solo pueden explotarse mediante concesión legal, lo que otorga a las empresas privadas derechos sobre la explotación.
En contraste, los artículos 7 y 8 del Código de Minería de Chile (1983) establecen que el litio no es susceptible de concesión minera y su explotación debe ser realizada directamente por el Estado o sus empresas. No obstante, contempla la posibilidad de “concesiones adminis- trativas o contratos especiales de operación para su exploración y explotación”.
El gerente legal de YLB explicó que, aunque existen diferencias entre ambos países, en esencia los contratos en Chile y Argentina son concesiones, ya que transfieren derechos de explotación a las empresas privadas.
En Bolivia, en cambio, YLB llevó a cabo un proceso exhaustivo de análisis y selección que duró cuatro años para firmar contratos de servicio con el consorcio Hong Kong CBC Investment Limited y la empresa rusa Uranium One Group, con el fin de cumplir con la Constitución Política del Estado.
El artículo 349 de la Carta Magna establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano, lo que otorga al Estado la administración de estos recursos en función del interés colectivo.
Este modelo permite que el Estado boliviano mantenga el control total sobre el litio, sin transferir la propiedad del recurso. Las empresas extranjeras contratadas se encargan de la industrialización y extracción bajo estrictos parámetros definidos por el Estado, lo que asegura la soberanía nacional sobre el litio, conforme a lo dispuesto en la Constitución.
CONTROL BOLIVIANO
Para Nina, un aspecto clave de los contratos bolivianos es la cláusula de transferencia tecnológica. Las empresas extranjeras involucradas en la explotación no solo cumplirán con la extracción, sino que también capacitarán a bolivianos en la operación de las plantas de producción de carbonato de litio y en las técnicas de mantenimiento.
Este enfoque no solo garantiza el control sobre los recursos, sino que posiciona a Bolivia para lograr la independencia en la industrialización del litio en el futuro, detalló el gerente de YLB.
Aunque los contratos aún deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, se espera que impulsen la producción de litio, generen empleo, mejoren la infraestructura local y aumenten las inversiones en Potosí.
Nina alertó de que la falta de firma afectaría tanto la producción de carbonato de litio como la imagen del país. Destacó que CBC, proveedor clave de baterías para empresas como Toyota y Tesla, es fundamental para Bolivia.
No concretar un acuerdo con una empresa de esta talla podría dificultar futuras negociaciones, además de retrasar al menos otros 10 años la industria- lización en un momento crítico, cuando se proyecta un aumento significativo en los precios del litio en los próximos años.
AEP
