Según el gobierno del presidente Luis Arce, este ilícito se ha convertido en un desafío no solo para el Ejecutivo, sino para todos los bolivianos.
De acuerdo con el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, el contrabando, un flagelo que golpea a los productores, eleva los precios y desestabiliza el desarrollo nacional. Se ha convertido en uno de los principales desafíos económicos del país. Tanto el ingreso de productos ilegales como la salida de bienes esenciales afectan directamente a la economía formal y al bolsillo de los bolivianos.
Esta dependencia estatal impulsa una campaña en las redes sociales para recordar a la población la afectación de este delito.
A través de material audiovisual recordó que los pequeños y medianos productores son los primeros en sentir el peso del contrabando. Al competir con productos ingresados ilegalmente y precios más bajos, se enfrentan a una disminución en las ventas y, con ello, a una caída en sus ingresos.
“Este círculo vicioso lleva al cierre de emprendimientos y a una disminución en la producción nacional, lo que no solo pone en riesgo la estabilidad de miles de familias, sino que también genera un efecto dominó en el empleo y la inversión local”, explica este viceministerio.
El contrabando a la inversa
El contrabando de productos hacia otros países, conocido como “contrabando a la inversa”, agrava aún más la situación. Bienes de consumo masivo como azúcar, carne de res, cerdo, pollo y otros alimentos estratégicos para los bolivianos son sacados del país ilegalmente, generando desabastecimiento en el mercado interno y encareciendo los precios.
“Antes podías comprar carne con 400 bolivianos; ahora necesitas al menos 500”, comenta un ciudadano que el impacto en su economía diaria.
Este fenómeno no solo reduce el poder adquisitivo de las familias, sino que también alimenta una percepción de inestabilidad que afecta la confianza en los mercados locales.
La necesidad de controles más estrictos
Los actores locales exigen medidas más rigurosas por parte de las autoridades. Un control efectivo en las fronteras y una fiscalización más estricta del comercio interno son fundamentales para detener este problema.
El Gobierno, a través de instituciones como el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, ha intensificado operativos para frenar estas actividades ilícitas. Sin embargo, el contrabando sigue siendo un desafío de gran magnitud que requiere la colaboración de toda la sociedad.
“Combatir el contrabando no solo es tarea del Estado, sino también de los ciudadanos. Informarse, denunciar actividades sospechosas y evitar difundir información que genere pánico o sensación de escasez son pasos clave para enfrentar esta problemática”, remarca el Viceministerio de Defensa del Consumidor.
El contrabando no es solo un delito económico, es un atentado contra el bienestar de las familias bolivianas.
Con el contrabando se daña la economía nacional, se afecta a los productores locales y frena el progreso del país.
La Paz/AEP
