Alerta de que se busca crear un falso argumento de toma de predios por indígenas para hacer futuras concesiones a extranjeros o a pocas familias.
El Gobierno aclaró que el INRA no realiza saneamiento de tierras previamente avasalladas, y que, al contrario, el Gobierno impulsa la seguridad jurídica, prueba de ello presentó tres proyectos de ley que se encuentran paralizados en el Legislativo.
Así lo informó ayer el ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Yamil Flores, quien argumentó que el avasallamiento no genera ningún derecho. Señaló que todas las denuncias de avasallamiento existentes se refieren a tierras sin saneamiento ni titulación previa.
“Nuestro Gobierno no ha titulado ni está saneando ningún tipo de propiedad que haya sido avasallada. Porque el avasallamiento no genera derecho alguno y vamos a seguir nosotros con esa conducta de cumplir y hacer cumplir la ley. En todas las denuncias de avasallamiento que hemos tenido, precisamente han sido en tierras que no han sido saneadas, que no han sido tituladas”, explicó.
NORMAS
Agregó que, en este contexto, el Gobierno presentó diferentes propuestas de ley que buscan fortalecer la seguridad jurídica en la tenencia de tierras, pero se encuentran estancadas en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
“Al parecer quieren crear un falso argumento, ya en esta época política de elecciones, de toma de tierras de campesinos, indígenas, interculturales, que nosotros consideramos que son incluso operaciones políticas, que quieren posicionar ese tema de avasallamientos a un debate nacional para allanar el terreno en una posible reversión de tierras en el futuro”, alertó.
Las tres propuestas legislativas presentadas son: la Ley 523 del 2023, que regula la tenencia de tierras rurales por personas extranjeras, con el objetivo de resguardar la soberanía nacional. “La Constitución prohíbe la dotación de tierras a extranjeros, pero no la venta de tierras tituladas a ellos. La norma busca regular esta venta, hay un vacío legal actual. El rechazo, según el ministro, se debe a intereses políticos de candidatos de derecha que buscan facilitar la adquisición de tierras por extranjeros en un futuro Gobierno.
Otra de las normas es la Ley de Conversión de Pequeña Propiedad Agraria a Pequeña o Mediana Empresarial, que busca otorgar a pequeños productores mayor acceso a créditos para incrementar su producción. Su rechazo en la ALP, según el Flores, impide que pequeños propietarios puedan acceder a financiamiento, limitando su capacidad productiva.
La tercera norma y “la más importante”, según la autoridad, es la ley para la conclusión del saneamiento de tierras, que permitiría titular tierras en todo el país, “cerrando la puerta a los avasallamientos”. Cuenta con un presupuesto de $us 40 millones, pero permanece paralizada en el Legislativo hace más de un año y medio.
AEP
