Estas acciones forman parte de un plan más amplio de protección social y económica en un contexto externo marcado por la volatilidad de los precios.
En un esfuerzo por mitigar los efectos de la inflación global sobre la economía boliviana, el gobierno del presidente Luis Arce emitió al menos seis decretos supremos, los cuales buscan aliviar el impacto de los precios internacionales sobre los productos básicos y estratégicos en el país a través de la liberación de aranceles de importación.
Estas medidas, que forman parte de una estrategia fiscal orientada a proteger a la población, tienen como objetivo mantener la estabilidad en el mercado interno y asegurar el acceso a bienes esenciales.
“La política fiscal genera un alivio a la presión sobre los precios por la inflación importada. Este es un elemento que ayuda a mitigar y amortiguar el incremento de precios de los productos importados, que se transmite a la economía nacional”, remarcó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
El primer decreto relevante es el 5189, que fue aprobado en julio de 2024 y eliminó por dos años el Gravamen Arancelario (GA) para la importación de neumáticos, motores y ejes, beneficiando a los sectores de transporte de pasajeros y carga. Este alivio fiscal busca reducir los costos de operación de estos sectores estratégicos, que a menudo enfrentan dificultades debido a la dependencia de bienes importados.
El segundo es el Decreto Supremo 5195, aprobado poco después. Eximió del pago del GA a la importación de trigo y harina de trigo hasta finales de 2024. Esta medida se implementó para garantizar el abastecimiento de estos productos en el mercado nacional y, en particular, para mantener el precio del pan de batalla en Bs 0,50, un compromiso rotundo del Gobierno con los sectores más vulnerables.
El tercero es el Decreto Supremo 5210, que reduce a cero los aranceles para la importación de cerca de 400 insumos farmacéuticos hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida busca contrarrestar la subida de precios en el mercado internacional de medicamentos, asegurando que los costos internos de la industria farmacéutica se mantengan estables.
El cuarto es el Decreto Supremo 5212, que complementa esta política, eximiendo de aranceles a los insumos agropecuarios y maquinaria agrícola. Esta medida, vigente hasta junio de 2025, se enfoca en impulsar la producción agrícola nacional, apoyando a los productores locales con herramientas y sustancias esenciales para el desarrollo de cultivos.
En cuanto a la producción de alimentos de origen animal, el gobierno del presidente Arce aprobó el quinto, que es el Decreto Supremo 5223, que entró en vigencia el 11 de septiembre. Exime de aranceles a la importación de maíz duro, amarillo y blanco, insumos clave para la producción avícola y porcina. El objetivo es mantener estable la oferta de estos productos y evitar el incremento de precios en el mercado.
Finalmente, como parte de las acciones más recientes, el Gobierno emitió un sexto decreto supremo aprobado la anterior semana, que elimina temporalmente los aranceles a la importación de artículos de higiene personal y limpieza, una decisión tomada para mitigar el impacto de la inflación sobre los productos esenciales de uso diario.
Estas acciones forman parte de un plan más amplio de protección social y económica en un contexto global marcado por la volatilidad de los precios. El gobierno de Arce busca enfrentar los desafíos externos con una política fiscal proactiva, asegurando que las familias bolivianas no sufran un impacto desproporcionado en su poder adquisitivo debido a la crisis inflacionaria internacional.
La Paz/AEP
