Sectores empresariales, intermediarios y algunos comerciantes aprovecharon este escenario de incertidumbre para sacar provecho, vendiendo productos de la canasta básica por encima de los precios establecidos.
Corría el año 2021 y Bolivia comenzaba a salir lentamente de los estragos económicos que dejó la pandemia de Covid-19. Mientras el gobierno de Luis Arce impulsaba medidas de reactivación económica, en los mercados populares y cadenas de abastecimiento empezaban a surgir señales de alarma: productos básicos como el azúcar, el aceite y el pollo experimentaban incrementos injustificados en sus precios.
Los primeros síntomas del agio —práctica de vender productos con sobreprecio aprovechando la escasez real o inducida— se hacían sentir, acompañados de una especulación alimentada por rumores, acaparamiento y desinformación. El temor colectivo generaba compras compulsivas, lo que agravaba el problema.
Sectores empresariales, intermediarios y algunos comerciantes aprovecharon este escenario de incertidumbre para sacar provecho, vendiendo productos de la canasta básica por encima de los precios establecidos.
Una Lucha Frontal y Sin Respiro: Arce Declara la Guerra al Agio y la especulación
Ante los indicios de abuso en los mercados, el gobierno de Luis Arce activó los primeros controles a través del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, en coordinación con la Autoridad de Fiscalización de Empresas (AEMP).
Se ejecutaron inspecciones en centros de abasto, supermercados y ferias, principalmente en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y El Alto. Sin embargo, los resultados iniciales fueron limitados debido a la falta de apoyo operativo de las gobernaciones y alcaldías, cuya participación es clave en los controles locales.
Se organizó un gabinete social donde el presidente Luis Arce encabezó el encuentro que reunió a autoridades del Estado y representantes de organizaciones sociales, donde se establecieron medidas clave para enfrentar el aumento de precios y el contrabando en el país. Entre los acuerdos alcanzados están la coordinación con alcaldes y gobernadores para frenar el agio y la especulación, la intensificación de la vigilancia en las fronteras mediante su militarización, y la solicitud a la ciudadanía para denunciar los puntos de acopio y distribución de productos de contrabando.
Se sostuvieron varias reuniones con los diferentes sectores que conforman la cadena productiva para establecer acuerdos para la distribución de los alimentos en el país a precios justos para la población boliviana.
Posteriormente, el Gobierno instruyó la militarización de las fronteras con ocho mil efectivos militares para evitar el contrabando a la inversa que afecta sobre todo a los productos nacionales.
Ademas se exigió a los gobiernos municipales que cumplan con su obligación constitucional de supervisar precios y la calidad de los productos, protegiendo el bolsillo de las familias.
También se conformó un Comité Interinstitucional de Seguridad Alimentaria, instancia que se consolidó como una estrategia clave para frenar el agio y la especulación y el contrabando, y para garantizar que los alimentos de la canasta familiar lleguen a la mesa de las familias bolivianas a precios justos.
Paralelamente se conformaron también los comités interinstitucionales para controlar la salida ilegal de alimentos a países vecinos.
Para un mayor control de forma coordinada con todas las instituciones, se creó un centro de monitoreo del Comité de Seguridad Alimentaria con el objetivo de hacer seguimiento a las variaciones del Índice de Precios al Consumidor y tomar medidas para controlar la especulación de alimentos.
El Gobierno implementó además 11 medidas de aplicación inmediata y la aprobación de siete decretos destinados a contener la especulación de precios, el contrabando a la inversa y para ir normalizando el suministro de combustibles.
Estas acciones buscan preservar el poder adquisitivo, garantizar el abastecimiento de productos esenciales y frenar los efectos especulativos que se producen en los precios.
Refuerzo en frontera y control interno
Entre estas normas está el Decreto Supremo N° 5402, que establece el control, comiso y redistribución interna de alimentos incautados en zonas fronterizas. Para ejecutar esta norma, se desplegaron 1.480 efectivos militares adicionales a los 400 ya asignados al control contra el contrabando.
Estas operaciones están acompañadas por un sistema digital de guías de movimiento, bajo responsabilidad del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), que controla el transporte de 17 productos de la canasta familiar, entre ellos carnes, huevo, azúcar, aceite y harina.
Los alimentos incautados al contrabando son entregados a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), para su venta directa en el mercado interno. Los ingresos van al Tesoro General de la Nación, y una fracción será asignada a Emapa, al Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando y a otras instituciones participantes.
Apoyo a la producción de maíz y arroz
El Gobierno también anunció el Programa Nacional de Apoyo a la Producción de Maíz y Arroz, con un presupuesto de Bs 350 millones para los próximos cinco años financiados por el Tesoro General del Estado.
Fideicomiso avícola y arancel cero
El Decreto Supremo N° 5398 autoriza la constitución de un fideicomiso de Bs 22 millones para pequeños productores avícolas. Esta medida permite el acceso a créditos blandos para mejorar y fortalecer la producción avícola (producción de carne de pollo y gallinas ponedoras) en el marco de la seguridad alimentaria.
De manera complementaria, el Decreto N° 5401 dispone un arancel cero, hasta el 31 de diciembre de 2025, para la importación de pollitos bebé, insumos veterinarios, vitaminas, vacunas e insumos para la industria del aceite de soya, como hexano, etilenglicol, arcilla blanca y vitaminas.
Lucha contra el agio
El Gobierno exigió también a los gobiernos municipales asumir plenamente su competencia constitucional en el control de mercados, con énfasis en la fiscalización de precios y pesos. La medida busca reforzar la acción estatal frente al agio y la especulación, especialmente en centros de abasto.
Ferias del Campo a la Olla
Como parte de esta estrategia de garantizar el abastecimiento de productos, se desarrolló un cronograma para la realización de ferias del Peso y Precio Justo, del Campo a la Olla, impulsadas por Emapa en coordinación con los productores, para ofrecer alimentos a precios regulados y combatir la especulación.
Dentro del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 se incluyó una disposición para acabar con el agio y la especulación de productos de la canasta familiar que establecía que todos los niveles del Estado actuarán en los operativos de control. Sin embargo, la desinformación y mala interpretación de la normativa, por parte de los empresarios cruceños y de algunos sectores evistas, hicieron que quede paralizada.
La disposición adicional séptima del PGE 2025 “faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos a los actores de comercialización de alimentos que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.
Se intensificaron los controles en toda la cadena productiva, ejecutando operativos en ingenios cruceños, donde lamentablemente se observó el acopio de una gran cantidad de productos, en franco detrimento de los bolivianos.
También se activaron acciones legales por agio y especulación contra comerciantes que eleven los precios de la canasta familiar de manera injustificada.
Se fortaleció a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) para la venta de huevo, carne de pollo, carne de res, de arroz, aceite y otros productos considerados de primera necesidad para la gente.
Ante los bloqueos protagonizados por sectores ligados a Evo Morales, el gobierno de Luis Arce dispuso la habilitación de puentes aéreos para asegurar el abastecimiento de los alimentos de primera necesidad en el departamento de La Paz.
En los controles que ejecutó el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Consumidor se identificó a varios comerciantes que vendían los productos a precios elevados, a quienes se les notificó para ser denunciados por el delito de agio y especulación.
Dentro del Código Penal se tipifica el delito de agio en el artículo 226, con la siguiente disposición: “El que procurare alzar o bajar el precio de las mercancías, salarios o valores negociables en el mercado o en la bolsa, mediante noticias falsas, negociaciones fingidas o cualquier otro artificio fraudulento, incurrirá en privación de libertad de seis (6) meses a tres (3) años, agravándose en un tercio si se produjere cualquiera de estos efectos.
Intervenciones y decomisos: manos firmes contra el acaparamiento
Este año (2025), el Gobierno continúa desplegando operativos, sancionando a los especuladores y promoviendo acuerdos con sectores productivos para proteger el bolsillo de los bolivianos.
El Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor intensificó su presencia en ferias, mercados y supermercados. Sin embargo, la falta de una estructura de control descentralizada y la débil cooperación de algunas alcaldías siguen siendo un obstáculo para erradicar completamente el agio y la especulación.
La estabilidad de la canasta familiar, aunque más controlada que en los años críticos, sigue dependiendo de un delicado equilibrio entre las políticas públicas, el comportamiento del comercio interno y los factores externos que afectan la economía global.
“Desde 2021 hemos implementado al menos 12 importantes programas para garantizar la producción de maíz, arroz, carne, frutas, hortalizas y granos, entre otros, a nivel nacional. La inversión supera los Bs 7.000 millones”, escribió el presidente Arce en sus redes sociales.
El gobierno del presidente Luis Arce mantiene su compromiso de proteger a la población de estas prácticas que afectan la economía y el bienestar social.
Los resultados fueron positivos
Las ferias del consumidor al productor permitieron ofrecer productos a precios más bajos que en los centros de abasto, como el arroz que se comercializó en Bs 50,50 en lugar de más de Bs 100, el azúcar y otros que sufrieron un incremento elevado.
Se detectaron aumentos injustificados en los precios de productos como el arroz, el aceite y el pollo, y se activaron procesos legales correspondientes.
A pesar de los esfuerzos, algunos detenidos por agio y especulación fueron liberados rápidamente, lo que dificulta la efectividad de las medidas adoptadas.
Hasta 2024 se tuvo un total de 60 personas detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público, pero en menos de ocho horas ya estaban afuera y nuevamente delinquiendo. Se desconoce bajo qué criterios los fiscales soltaron a estas personas.
La especulación, un enemigo que exige unidad
El agio y la especulación no solo afectan a los bolsillos de las familias bolivianas, también erosionan la confianza en los mercados, profundizan las desigualdades y generan incertidumbre.
Si bien los cuatro años de gestión de Arce muestran avances en el control de precios y protección al consumidor, el desafío sigue vigente y exige el compromiso total de todos los niveles del Estado y la sociedad para erradicar este flagelo que vulnera el derecho de los bolivianos a una vida digna y con alimentos accesibles.
Obstáculos Internos: Cuando las Alcaldías Se Lavan las Manos
La norma es clara a la hora de establecer competencias en los tres niveles del Estado y más cuando se trata de este flagelo que atenta contra el bolsillo de los bolivianos. El parágrafo 37 del artículo 302 de la Constitución Política del Estado señala que una de las competencias de los gobiernos municipales autónomos es las “políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal”.
Las intendencias municipales se han creado, precisamente, para controlar, no para regular, no para fijar precios, sino para controlar que no haya agio y especulación, pero lamentablemente a la hora de actuar este acápite de la norma es vulnerado.
El viceministro Jorge Silva, denunció que en varias alcaldías no se asume la responsabilidad de controlar los precios en los mercados, lo que contribuye a que los comerciantes en coyunturas como las actuales incurran en el ocultamiento e incremento de precios de productos de la canasta familiar, como el aceite, pese a que los industriales mantienen la producción y el precio.
La tormenta perfecta que disparó los precios y desató la especulación en Bolivia
Durante los últimos años, Bolivia no solo ha enfrentado factores internacionales y climáticos que dispararon los precios de los alimentos. A esa tormenta se sumó un ingrediente interno que agravó la situación: los conflictos sociales, bloqueos y movilizaciones, muchos de ellos impulsados por el expresidente Evo Morales y su entorno político, que paralizaron carreteras, restringieron el abastecimiento y generaron el caldo de cultivo ideal para que el agio y la especulación se expandieran sin control.
Los bloqueos, que desde el propio Gobierno se calificaron como “políticos y desestabilizadores”, afectaron de manera directa el transporte de productos, encarecieron los costos logísticos y vaciaron temporalmente los mercados, generando un escenario perfecto para el abuso y la manipulación de precios.
En nombre de la “defensa del pueblo” se paralizó el país. En los hechos, fueron las familias bolivianas que no pudieron abastecerse, que vieron duplicarse los precios, y que, entre la necesidad y la resignación, tuvieron que aceptar que los alimentos se habían convertido en lujo.
Rehenes del Mercado: El pueblo boliviano pagó el precio de la ambición y el conflicto
Uno de los actores principales de la ambición desmedida en los mercados y del clima político constante es la población boliviana, la que está atrapada entre el oportunismo de empresarios, intermediarios y la agitación social promovida por sectores leales al expresidente Evo Morales.
Los rostros del agio y la especulación que se generan en los mercados afectando al bolsillo de los bolivianos en favor de unos cuantos que aprovechan las tensiones y el conflicto para enriquecerse y quitar el alimento de las bocas a los más humildes no están en el anonimato; están detrás de los mostradores, en los gremios que se escudan en discursos de “libre mercado” y en las filas de quienes usaron el hambre como estrategia política.
En Bolivia, el precio más alto de esta crisis no se pagó en moneda, se pagó en angustia, desigualdad y desesperanza.
AEP
