El ministro Montenegro denunció que se mantiene el “sabotaje conspirativo” que genera inseguridad jurídica sobre la administración y el funcionamiento del Estado.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, denunció ayer que la eliminación de 11 artículos y nueve disposiciones fundamentales del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, por parte del Senado, constituye un “sabotaje conspirativo” contra la economía nacional y un intento de cercenar las políticas económicas impulsadas por el gobierno del presidente Luis Arce.
“En la Cámara de Senadores se ha aprobado un proyecto de ley que tiene el objetivo de estrangular la economía nacional. Es un sabotaje conspirativo que se está haciendo contra la economía popular. Han eliminado los artículos 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19 y 21”, lamentó el ministro.
La noche del miércoles, la Cámara Alta aprobó, en grande y en detalle, el proyecto de ley que deroga artículos y disposiciones de la Ley 1613 (Ley del Presupuesto General del Estado 2025). Luego de su aprobación, el proyecto fue remitido a la Cámara de Diputados para su sanción.
El ministro explicó que la decisión del Senado elimina la posibilidad de financiamiento mediante la emisión de Bonos Soberanos y Bonos de Carbono, así como la utilización de colaterales y garantías financieras que permiten reducir las tasas de interés de créditos externos, que se podrían lograr.
Dijo que son fuentes esenciales de financiamiento y esto pone en riesgo la capacidad del Estado para ejecutar políticas económicas clave.
Montenegro también alertó sobre la eliminación de incentivos destinados a la industrialización.
“Quitan la exención de reducción de aranceles del IVA (Impuesto al Valor Agregado) que va en beneficio exclusivo del sector productivo. Están afectando directamente a micros, pequeños, medianos y grandes productores, así como al sector agropecuario y minero”, denunció.
Señaló que también se está eliminando la posibilidad de reinversión en el país, así como la reanudación de facilidades de pago tributario.
“Más de 50 mil contribuyentes están en vilo en este momento, ya que están afectando sus planes de pago”, afirmó la autoridad.
El apoyo a la producción de biodiésel también se ve afectado, lo que perjudica a los productores de soya, cártamo, palma y otras especies destinadas a este combustible.
Según el ministro, la decisión también impacta negativamente en el acceso a vivienda social.
“Están eliminando disposiciones que garantizan la subvención a alimentos, hidrocarburos, la promoción del acceso a la vivienda social, perjudicando así a toda la población que no tiene vivienda propia. Están afectando a instituciones públicas, universidades y entidades autónomas”, dijo.
Genera inseguridad jurídica y pone en riesgo la continuidad de servicios públicos en sectores clave como salud y educación.
“Esta es la prueba tácita de que quieren generar un sabotaje conspirativo porque saben que con esta normativa el Gobierno y la política económica va a salir adelante. Saben ellos, por eso tratan de frenar. La excusa ha sido el artículo séptimo y luego ha venido toda una serie de eliminación de artículos ligados a la política económica. Se está cercenando la política económica”, acusó Montenegro.
Acciones legales en defensa de la CPE
El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, señaló que el Gobierno nacional presentará las acciones legales pertinentes para defender la aplicación de las políticas económicas, asegurando que las acciones del Senado contravienen a la Constitución Política del Estado.
“El pueblo boliviano nos dio un mandato claro en las elecciones de 2020 con un 55 por ciento de respaldo. Deben dejarnos aplicar la política económica sin cercenar los brazos de la política fiscal. Todo lo que hicieron ayer está en contra de la Constitución Política del Estado”, aseveró la autoridad.
Montenegro no descartó tomar acciones legales si es que el proyecto es sancionado en la Cámara de Diputados.
AEP
