Los recursos garantizarán que más de 6,9 millones de bolivianos voten dentro y fuera del país este 19 de octubre.
En un esfuerzo por consolidar la continuidad democrática en Bolivia, el gobierno del presidente Luis Arce anunció este miércoles el desembolso de Bs 13,2 millones adicionales para garantizar la realización de la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 19 de octubre. El anuncio se dio a conocer tras la aprobación de un decreto supremo en reunión del gabinete ministerial.
“Extremamos todos los esfuerzos para garantizar una transición democrática, porque la democracia será uno de los mejores legados que dejaremos al pueblo boliviano”, expresó el mandatario en sus redes sociales, tras oficializar el refuerzo presupuestario al Órgano Electoral Plurinacional (OEP).
El decreto autoriza el incremento de las subpartidas destinadas a la contratación de consultores individuales, tanto en línea como por producto, al interior del presupuesto del OEP. Esta medida tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de los mandatos constitucionales relacionados al proceso electoral y su segunda vuelta.
Con esta inyección económica, el Gobierno busca que los 6.900.418 ciudadanos habilitados para votar, tanto en Bolivia como en 22 países del mundo, puedan ejercer nuevamente su derecho al sufragio.
La segunda vuelta enfrentará a los candidatos Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), y Jorge Tuto Quiroga, de Alianza Libre, quienes obtuvieron el 32,06% y 26,70% de los votos, respectivamente, en la primera vuelta del 17 de agosto.
Hasta el momento, el Ejecutivo ha asignado directamente al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un presupuesto total de Bs 140 millones. Para alcanzar los Bs 193 millones requeridos para la organización del balotaje, los restantes Bs 53 millones serán cubiertos con fondos no utilizados en la primera vuelta.
Según lo establecido en la normativa electoral vigente, la segunda vuelta se llevará a cabo con el mismo padrón electoral, que incluye a 7.936.515 ciudadanos habilitados en todo el país y en el exterior. Con esta decisión, el Gobierno reafirmó su compromiso con una transición democrática transparente y participativa.
AEP
