Con la continuidad de estas políticas, Bolivia sigue consolidándose como un ejemplo de gestión económica en la región a favor de los sectores más vulnerables.
En respuesta a los efectos de la inflación global, el gobierno del presidente Luis Arce este año ha implementado una serie de medidas fiscales orientadas a salvar el poder adquisitivo de los bolivianos y garantizar el acceso a productos básicos. A través de la emisión de siete decretos supremos se ha establecido la exención de aranceles de importación para diversos bienes esenciales, promoviendo la estabilidad del mercado interno.
“El objetivo de estas políticas fiscales es aliviar la presión de la inflación importada, amortiguando el impacto de los precios internacionales sobre nuestra economía”, destacó el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.
El primer decreto relevante es el 5189, que fue aprobado en julio de 2024 y eliminó por dos años el gravamen arancelario (GA) para la importación de neumáticos, motores y ejes, beneficiando a los sectores de transporte de pasajeros y carga. Este alivio fiscal busca reducir los costos de operación de estos sectores estratégicos, que a menudo enfrentan dificultades debido a la dependencia de bienes importados.
El segundo es el Decreto Supremo 5195, aprobado poco después. Eximió del pago del GA a la importación de trigo y harina de trigo hasta finales de 2024. Esta medida se implementó para garantizar el abastecimiento de estos productos en el mercado nacional y, en particular, para mantener el precio del pan de batalla en Bs 0,50, un compromiso rotundo del Gobierno con los sectores más vulnerables.
El tercero es el Decreto Supremo 5210, que reduce a cero los aranceles para la importación de cerca de 400 insumos farmacéuticos hasta el 31 de diciembre de 2024. Esta medida busca contrarrestar la subida de precios en el mercado internacional de medicamentos, asegurando que los costos internos de la industria farmacéutica se mantengan estables.
El cuarto es el Decreto Supremo 5212, que complementa esta política, eximiendo de aranceles a los insumos agropecuarios y maquinaria agrícola. Esta medida, vigente hasta junio de 2025, se enfoca en impulsar la producción agrícola nacional, apoyando a los productores locales con herramientas y sustancias esenciales para el desarrollo de cultivos.
En cuanto a la producción de alimentos de origen animal, el gobierno del presidente Arce aprobó el quinto, que es el Decreto Supremo 5223, que entró en vigencia el 11 de septiembre. Exime de aranceles a la importación de maíz duro, amarillo y blanco, insumos clave para la producción avícola y porcina. El objetivo es mantener estable la oferta de estos productos y evitar el incremento de precios en el mercado.
Como parte de las acciones más recientes, el Gobierno emitió un sexto decreto supremo que elimina temporalmente los aranceles a la importación de artículos de higiene personal y limpieza, una decisión tomada para mitigar el impacto de la inflación sobre los productos esenciales de uso diario.
Y recientemente, en un esfuerzo por proteger la salud de la población boliviana y garantizar el acceso a medicamentos esenciales, el Gobierno aprobó un decreto supremo que reduce a 0% el gravamen arancelario de importación para medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y terminales. La medida implica un sacrificio fiscal de Bs 2,2 millones.
Se incluyó en el decreto la heparina, antibióticos como amoxicilina, ciprofloxacina, azitromicina, metronidazol, piperacilina; medicamentos para la diabetes, como hidrocortisona, dexametasona, cortiprex y aquellos que contengan insulina; reactivos de laboratorio clínico, en particular aquellos para hacer hemogramas, exámenes de grupos sanguíneos y otro tipo de análisis de laboratorio y suministros hospitalarios, como estimuladores cardiacos, marcapasos, tornillos para cirugías, jeringas, catéteres, oxímetros y otros.
Impacto en la economía nacional
Estas acciones forman parte de una estrategia integral del gobierno de Luis Arce para enfrentar los desafíos económicos globales, con especial atención en los sectores más afectados por el incremento de precios. Además, estas medidas reafirman el compromiso del Ejecutivo de priorizar la soberanía alimentaria y proteger a las familias bolivianas frente a las fluctuaciones del mercado internacional.
Con la continuidad de estas políticas, Bolivia sigue consolidándose como un ejemplo de gestión económica orientada al bienestar social y la estabilidad interna.
La Paz/AEP
