Como resultado de las medidas, se disminuyó de 73% a 68% el gasto público sin afecartar el funcionamiento regular del Estado.
La Paz, 18 de enero 2024 (AEP).- La viceministra de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Camelia Delboy, informó que el Gobierno proyecta ahorrar Bs 1.000 millones a través de las políticas de austeridad que difundió el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Hace un par de días, el Ministerio de Economía publicó un comunicado sobre la política de austeridad que impulsa el gobierno del presidente Arce.
“Con la finalidad de garantizar la sostenibilidad financiera, hacer un manejo apropiado de los bienes del Estado y optimizar el uso de los recursos públicos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispone que las entidades del sector público deben racionalizar y reducir sus gastos sin afectar su funcionamiento”, precisa el comunicado.
Al respecto, Delboy explicó que se trata de un comunicado que se emite cada año desde 2021 y está dentro de las normativas vigentes.
“Con estas medidas se proyecta ahorrar 1.000 millones de bolivianos”.
Explicó que, como resultado de estas políticas, se evidencia que las entidades públicas ejecutaron para 2022 un 74% en gastos públicos, mientras que para 2023 se disminuyó a 68% esta cifra.
“Vemos que cada gestión va disminuyendo el uso de los recursos en gastos corrientes”, agregó la autoridad.
La política de austeridad infiere que las entidades públicas deben reducir los gastos en viáticos, gastos en bienes y servicios de consumo, como publicidad y difusión; renovación de vehículos, a lo estrictamente necesario.
También menciona los servicios de imprenta, optando para la difusión de sus publicaciones, memorias institucionales y otros, medios electrónicos y pagina web institucional. Quedó prohibida la impresión de agendas.
También establece mesura en los gastos de pasajes y viáticos, por reuniones u otros, procurando el uso de tecnologías de información para su efectiva comunicación.
Para los activos fijos, como equipos de oficina y de computación, se busca asegurar que su adquisición sea de prioridad institucional.
Las entidades y empresas del nivel central del Estado deberán dar cumplimiento al Decreto Supremo 27327, del 31 de enero de 2004, que establece que los vehículos oficiales son de uso exclusivo para el desenvolvimiento de funciones de las autoridades establecidas con un ahorro del consumo de combustible, quedando prohibida la asignación a otros servidores públicos no consignados en la referida norma.
Del mismo modo, se establece que la compra o alquiler de bienes inmuebles solo será posible en casos de extrema necesidad, y previo análisis del Servicio Nacional de Patrimonio del Estado (Senape).
Y, finalmente, señala que el servicio de telefonía celular queda autorizado únicamente a funcionarios del primer y segundo nivel jerárquico de la administración central, cualquier excepción deberá estar autorizada por la máxima autoridad ejecutiva (MAE), a través de resolución expresa, bajo su responsabilidad.
