El gerente de la Gestora, Jaime Durán, sostuvo que en el mundo, y específicamente en Bolivia, el “modelo de privatización de las pensiones ha cumplido su ciclo”.
La Paz, 18 de abril de 2023 (AEP).- El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, manifestó que sectores como el magisterio, salud y los propios jubilados, que en 1996 resistieron la privatización de los fondos de pensiones, hoy son los mismos que rechazan su nacionalización y respaldan el manejo por parte de las transnacionales.
Durán recordó como antecedente que el proceso de privatización de las pensiones en 1996 fue muy resistido debido a que era parte de las reformas de segunda generación implantadas por el neoliberalismo y el Decreto Supremo 21060.
“Entonces, en esa época, amplios sectores de la población se opusieron a esta privatización, entre ellos figuran el magisterio, salud y los propios jubilados, que estaban en contra de que los fondos pasen a manos privadas. En cambio, ahora encontramos a los mismos sectores que -en los hechos- apoyan el proceso de transnacionalización de las pensiones y se oponen a la administración de la Gestora”, argumentó.
Destacó que no se debe olvidar que tanto Futuro como Previsión son representantes de dos transnacionales, una española y otra suiza.
Además, hizo hincapié en que el artículo 45 de la Constitución Política del Estado especifica que la administración del Estado y estos sistemas no podrán privatizarse ni darse en concesión, precisamente por esa lucha política que se hizo en aquellas épocas contra el neoliberalismo.
“En este sentido, estas movilizaciones tienen un carácter político y yo llamo a la reflexión a las dirigencias, tanto del magisterio, de salud y de una parte de los jubilados, a ser parte del diálogo y enmarcarse precisamente en la tradición obrera, en la tradición de crítica, de cuestionamiento al modelo neoliberal y todo lo que significa el proceso de privatización. Se recupera esa tradición de los años 90 que se ha traducido precisamente a la Constitución Política del Estado”, indicó.
Entre 1991 y 1996 había ocho fondos complementarios deficitarios, que recibían soporte del TGN de 25 millones de dólares anuales. La Ley 1732, de reforma de pensiones, aprobada en noviembre de 1996, implicó un cambio en la administración de la seguridad social de largo plazo porque eliminó el antiguo sistema de reparto simple y lo reemplazó por el sistema de capitalización individual.
Durán también se refirió a que en el mundo, y específicamente en Bolivia, el “modelo de privatización de las pensiones ha cumplido su ciclo”.
Sustentó su posición mostrando que entre 1981 y 2018 varios países revirtieron los procesos de privatización, como es el caso de Ecuador, Nicaragua, Bulgaria, Argentina, Eslovaquia Hungría, Rusia y otros.
“Entonces, son muchos los países en el mundo que han revertido los procesos de privatización, precisamente por los malos resultados que han tenido”, aseguró.
Mencionó que, de acuerdo con estudios internacionales, la cobertura que se tuvo en términos de la población económicamente activa ha sido baja. Por ejemplo, está el caso de República Dominicana, que en 2018 únicamente llegó a cubrir un 38%; en Colombia, el 35%; en México hubo una reducción del 33% al 29%; en Perú, del 21%.
En el caso boliviano, si se evalúa el trabajo de las AFP, se notará que únicamente han cubierto alrededor del 19,6% de la población económicamente activa, explicó.
“Entonces, toda vez que la propia Ley de Pensiones no solo permite la afiliación de los trabajadores dependientes, sino también de los independientes, las AFP podían haber hecho un mejor trabajo en términos de ampliar la cobertura”, dijo.
De acuerdo con el analista Alberto Bonadona: “Las promesas de cobertura no se cumplieron (…). En Bolivia solo se cubre al 19,6 por ciento y es muy difícil ampliarlo por el elevado número de trabajadores en el sector informal. El rendimiento mermó fuertemente durante la crisis, no se recuperó entre 2009 y 2019, y volvió a caer en 2020. En Bolivia bajó 2,7 puntos entre el periodo anterior a la reforma y la etapa 2011-2019. En situaciones de crisis, el riesgo lo enfrenta solamente el asegurado y no las AFP”.
Para el analista Marcelo Arequipa, es un “contraste bastante importante” lo que ocurrió a fines de los 90, cuando las AFP -empresas de carácter privado y extranjero- asumieron el control de las pensiones de los jubilados en el país, aunque también con algunos “socios minoritarios que formaron parte de esa capitalización de las pensiones”.
Dicen “defender los intereses de los trabajadores frente al privatizador y la esencia misma de la representación de la dirigencia sindical es esa; es defender frente a los empleadores privados, no frente al Estado. Lo que están haciendo es justamente lo contrario, pedir que siga privatizado este sistema de pensiones y que el Estado no lo controle, cuando en todo el mundo eso resultaría una cuestión contradictoria”, expresó.
Sostuvo también que hay varias empresas nacionales o familias empresariales que tienen acciones, y por tanto, intereses económicos en el sistema de pensiones, que aún están vigentes, antes de que empiece a operar la Gestora Pública.
