Las demandas no prosperan, según denuncia del Viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.
El viceministro de Defensa del usuario y del consumidor, Jorge Silva, cuestionó la falta de acción y acompañamiento de las alcaldías y, sobre todo, del Ministerio Público contra quienes cometen agio, especulación y contrabando.
“Enviamos las denuncias, las evidencias están ahí, pero sentimos que no hay ese acompañamiento de la autoridad jurisdiccional que debería estar del brazo de la población para evitar estos delitos de contrabando, especulación y agio”, lamentó Silva en entrevista en Bolivia TV.
Según el viceministro, presentaron varias denuncias por la especulación del aceite y la carne de pollo, pero sigue en análisis. “Hay una ausencia por parte de algunas autoridades del Estado, como es el Ministerio Público”, indicó.
El Gobierno nacional encara una lucha constante contra el agio y la especulación de productos de primera necesidad, que no es de ahora, sino desde el inicio de la gestión, trabajo que se intensificó este año, debido a la conflictividad que vive el país, por las protestas y bloqueos que protagonizan afines a Evo Morales, dijo Silva. Este trabajó generó que durante los controles en los mercados, funcionarios del viceministerio del área y el mismo Silva fueron agredidos por comerciantes que se rechazan la supervisión.
AUSENCIA MUNICIPAL
El viceministro expuso que ahora los comerciantes mayoristas están incrementando el kilo de la carne de pollo a 31 bolivianos, sobre todo en la zona Garita de Lima, de La Paz, cuando en agencias de la empresa Sofía está en 24,50.
Esta situación se registra por la ausencia de las autoridades municipales que no cumplen la función de controlar el agio y la especulación en los centros de abasto. “Entonces, al no haber un tipo de control de las intendencias municipales, que no hacen ningún tipo de control, los comerciantes mayoristas especulan”, sostuvo.
Además, esto provoca que los comerciantes afecten los bolsillos de las familias, agregó Silva.
NO HAY PROCESOS
Debido a esta falta de apoyo, en especial del Ministerio Público, Silva develó que hasta el momento y pese a las denuncias, con pruebas y nombre de los comerciantes mayoristas, no hay ni una persona procesada por agio o especulación. Explicó que las denuncias tardan entre tres y cuatro días en ser analizadas en la Fiscalía y luego son rechazadas.
Hay denuncias en La Paz, en El Alto y otras regiones, pero no hay avances. “Hay una pasividad de este órgano del Estado (Ministerio Público). El agio y la especulación no son infracciones, si no delitos y corresponde hacer la investigación de oficio”, señaló.
Operativo de control a la venta de aceite.
AEP
