El presidente de la estatal de litio, Omar Alarcón, explicó que los cuestionamientos que se hacen a los contratos se basan en el pedido de datos de manera anticipada.
El presidente de la estatal YLB, Omar Alarcón, afirmó que el procedimiento que se sigue para la aprobación de los contratos del litio en el Legislativo es el mismo que se realiza con los acuerdos petroleros; no obstante, el tema del litio se encuentra estigmatizado políticamente con la finalidad de truncar el proyecto.
“Se ha estigmatizado mucho el tema del litio por tener una bandera política de algunos sectores, y están tratando de confundir a la población con que muchos datos, que tienen plazos posteriores, ya deberían estar en este momento. Es eso básicamente lo que está pasando en este momento, estamos adelantándonos mucho en el proyecto, con la finalidad de truncar el mismo”, explicó el titular de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en entrevista con un medio orureño.
Señaló que el procedimiento que se sigue con los contratos del litio es el mismo que se hace regularmente con los contratos de servicios petroleros, por lo que no debería existir ningún inconveniente ni mayores retrasos.
El presidente de YLB, Omar Alarcón.
“Nosotros hacemos exactamente lo mismo, en los contratos petroleros las empresas vienen, hacen un convenio de estudio y ejecutan un contrato, o sea firman un contrato y lo hacen aprobar en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sin tener datos precisos. Una vez tienen ellos el contrato, hacen las inversiones, las consultas previas, realizan toda la actividad y ese costo que invierten en esa etapa pasa a ser un costo recuperable con el gas, con el petróleo que encuentran y demás”, dijo Alarcón.
Cuestionamientos
Según los cuestionamientos a los contratos del litio en el Legislativo, se buscan datos precisos como por ejemplo la cantidad de agua a utilizar en los proyectos, indicadores financieros y otros, información muy precisa que solo con un estudio técnico se puede obtener, pero ello debe ser luego de la aprobación en el Legislativo.
“Recordemos que es un proyecto donde solamente la etapa de factibilidad y de diseño final de la planta, o sea tener la planta en papeles, nos va a costar unos 50 o 60 millones de dólares. Entonces, ninguna empresa de ningún país puede hacer semejante inversión sin tener un contrato. Entonces, que nos den ese dinero esas instituciones, esas comunidades (que se oponen) para que nosotros hagamos ese estudio”, dijo.
AEP
