Desde que inició su administración, el 8 de noviembre, empezó la resolución del problema de escasez de carburante que provocaba inmensas filas de vehículos en los surtidores de diferentes regiones de Bolivia.
Uno de los ejemplos de la corrupción desproporcionada fue la compra de los radares que no funcionan. Estos equipos demandaron más de 360 millones de euros, que en más de diez años no lograron entrar en operaciones con un alto daño económico al Estado.








