El representante de las víctimas de Senkata afirmó que si los acusados quedan libres en el país, no lo harán en la justicia internacional.
El activista de derechos humanos David Inca alertó de que Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco A. Pumari, acusados por los hechos de 2019, buscan la “impunidad” mediante un “privilegio político” que se impulsa desde el TSJ y que se consolidaría en el Legislativo, dominado ahora por la derecha.
La advertencia surge luego de que el abogado de Añez presentara ayer un incidente en la audiencia instalada en El Alto sobre el caso Senkata, para apartarla del proceso penal ordinario que se sigue en su contra y favorecerla con un juicio de responsabilidades en el Legislativo. Esta situación se concretó con el fallo del Tribunal Cuarto de Sentencia que determinó anular obrados del proceso instaurado contra Añez e instruyó la remisión de los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, para la tramitación de un juicio de responsabilidades o de privilegio.
Decreto “de la muerte”
El 14 de noviembre de 2019, el régimen de Añez puso en vigencia el Decreto Supremo 4078, conocido también como el “Decreto de la Muerte”. La norma sirvió como aval para que las Fuerzas Armadas (FFAA) repriman al pueblo que reclamaba respeto a la democracia, además, eximía de responsabilidad penal a militares por la intervención.
Bajo el amparo de este decreto, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas reprimieron a los vecinos de Senkata y dejaron el saldo de 10 personas fallecidas. Lo propio pasó en Sacaba, donde fallecieron 11 personas.
En 2022, Añez fue sentenciada por el caso Golpe II, bajo los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Sin embargo, luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) apartó al exprefecto de Pando Leopoldo Fernández del caso Porvenir y derivar su proceso a un juicio de responsabilidades, Inca consideró que Añez busca esta vía para salir “libre e impune”.
“Si es que pasa a un juicio de responsabilidades tenemos dos escenarios, uno que la actual Asamblea, hasta octubre, defina la situación. El otro escenario sería que la nueva Asamblea, dominada por la derecha, anule el juicio contra Añez”, alertó Inca a Ahora El Pueblo. Además, apuntó que Jorge Tuto Quiroga, Rodrigo Paz, Manfred Reyes Villa y Samuel Doria Medina declararon en varias ocasiones que Añez y otros son “presos políticos”, lo que indicaría que la decisión política está tomada.
A esto se suma la instructiva emitida por el TSJ, de revisar los procesos con detención preventiva de Camacho, Pumari y Añez, acusados por el Golpe I y Golpe II, que derivaron en masacres en 2019.
Esa acción desató mítines en diferentes cárceles de Bolivia por parte de reclusos que cuestionaron el “privilegio para tres” y demandaron igualdad para todos los detenidos.
CIDH
Inca consideró que, en Bolivia, el sistema judicial busca dar impunidad mediante “privilegios políticos” a Añez, Camacho y Pumari, pero enfatizó que no lograrán el objetivo a nivel internacional, porque las víctimas de Sacaba y Senkata acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para iniciar un juicio internacional.
Instructivo del TSJ genera críticas y lo califican de “favoritismo”
Legisladores del MAS calificaron de “favoritismo político” el instructivo del Tribunal Supremo de Justicia que ordena revisar los proceso de 2019 que involucra a Jeanine Añez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho.
“Al parecer, la justicia quiere favorecer políticamente a Camacho, Añez y Pumari”, dijo el senador Félix Ajpi.
El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, explicó que este instructivo no beneficia a Añez, porque ya cuenta con una sentencia, pero sí favorece a Pumari y Camacho.
El diputado del MAS Ramiro Venegas lamentó la “decisión política” que asumió el TSJ al pretender dar “privilegios” a estas tres personas.
AEP
