La justicia dispuso el archivo de obrados en vía penal y ordenó un juicio de responsabilidades contra Jeanine Añez por la masacre de Senkata en 2019.
Las víctimas de Senkata lamentaron y rechazaron la decisión judicial que determinó archivar obrados en contra de Jeanine Añez en la vía penal y ordenó un juicio de responsabilidades. Advirtieron que la impunidad ganó con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas reales se las deja en indefensión (...) La impunidad ganó con el apoyo del Tribunal Supremo de Justicia”, sostuvo el activista y representante de las víctimas de la masacre de Senkata, David Inca, sobre la audiencia virtual en la que se evaluó el caso de Añez.
El Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto determinó anular obrados del proceso instaurado contra Jeanine Añez y otros acusados por la masacre de Senkata e instruyó la remisión de los antecedentes a la Fiscalía General del Estado, para la tramitación de un juicio de responsabilidades o de privilegio.
Audiencia virtual
En la audiencia virtual, el juez Kasa dispuso la anulación de obrados hasta el vicio más antiguo y su remisión, junto a los documentos presentados en la demanda, a la Fiscalía General.
“Debiendo la autoridad jurisdiccional remitir (obrados) inmediatamente ante la Fiscalía General del Estado Plurinacional de Bolivia a efectos de que el presente proceso se tramite conforme a Ley 044, numeral 3 (de juicio de responsabilidades)”, informó el juez en la audiencia virtual con presencia de Añez y otros procesados por el caso.
La masacre de Senkata ocurrió el 19 de noviembre de 2019, cuando militares y policías intervinieron una protesta vecinal que impedía el abastecimiento de combustibles por el cerco a la planta de hidrocarburos ubicada en esta zona de El Alto, en rechazo a la toma del gobierno.
La violencia desatada en la zona de Senkata dejó 10 muertos por impactos de bala y decenas heridos.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investigó lo ocurrido y estableció que se trató de una masacre, por lo que demandó una investigación sobre los hechos y sanción a los responsables.
AEP
